La carta secreta por la que el presidente Petro recurrirá a vigencias futuras para modernizar armas del Ejército

La Contraloría General de la República emitió una advertencia formal al Ejército Nacional, tras una actuación especial de fiscalización centrada en la istración, almacenamiento y conservación de municiones, granadas y explosivos en las unidades militares catalogadas como centralizadas.

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El control fiscal ejercido por el ente de control, que reposa en una carta fechada el pasado 2 de abril, busca alertar sobre posibles afectaciones al patrimonio público y sugiere la adopción de medidas correctivas antes de que se materialice un daño.

Los resultados de esta auditoría llevaron al presidente Gustavo Petro a anunciar que se echaría mano de vigencias futuras para modernizar armamento del Ejército.

“He pedido a través del mecanismo de vigencias futuras. Modernizar todo el armamento del ejército y su pertinencia en el tipo de conflicto que hay en Colombia. Rapidez y profundidad son fundamentales. Nuevas tecnologías aeroespaciales, matemática cuántica, dominio de ríos, control total de puertos. Control moderno de inventarios con Blockchain”, dijo el presidente Petro en su cuenta en la red social X, en la mañana de este jueves.

La misiva de la Contraloría fue enviada al comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, según reveló la revista Cambio, y hace énfasis en que durante los meses de noviembre de 2023 y febrero de 2024, la Inspección General del Ejército ejecutó tres inspecciones especiales orientadas a detectar posibles irregularidades en la gestión de material de guerra, especialmente municiones y granadas.

En el documento se expusieron las actividades realizadas en 31 unidades militares, incluyendo conteos físicos, revisión de registros en el sistema SAP, verificación de seguridad física y evaluación de los procedimientos de almacenamiento. Las labores de inspección se centraron particularmente en el Fuerte Militar de Tolemaida, una de las instalaciones clave en la cadena de custodia del material bélico. Se pretendía establecer si las prácticas de almacenamiento y conservación cumplían con los estándares establecidos y si los registros documentales coincidían con las existencias físicas de explosivos, granadas y municiones.

La auditoría evidenció múltiples inconsistencias en el manejo del material de guerra que permanece en uso en distintas unidades operacionales. El análisis reveló que no se ha reportado la totalidad de las municiones vencidas, y que muchas de estas aún están bajo custodia y disposición de tropas activas.

La verificación del sistema SAP-SILOG —herramienta utilizada por el Ejército Nacional para la trazabilidad de su armamento— mostró que las fechas de vencimiento registradas no corresponden con las reales, lo cual impidió una verificación precisa durante las visitas de inspección. Según la Inspección General del Ejército (CEIGE), los datos del sistema han sido alterados, lo que afecta tanto los informes internos como los boletines elaborados por el Centro de Doctrina del Ejército (CEDE4) sobre el vencimiento de municiones.

En relación con la seguridad del personal militar, el concepto técnico emitido por Indumil en septiembre de 2024 advierte que la munición que ha superado su vida útil no debe ser empleada. Indumil, según el informe, señala que este tipo de armamento puede presentar degradación en sus componentes internos, exudación de explosivos, fallas en los seguros o daño en las cargas auxiliares, factores que elevan el riesgo de detonación accidental y ponen en peligro la integridad de los uniformados.

Respecto a los faltantes detectados durante las misiones de inspección, el informe aclara que aún no se ha determinado si constituyen una pérdida definitiva de material. Las investigaciones istrativas continúan en curso y no se ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad o paradero del material que no fue hallado.

En cuanto al contenido del informe de la misión No. 036, se indica que no se llevó a cabo una verificación física de los lotes de armamento en poder de las unidades inspeccionadas. Tampoco se dejaron registradas las modificaciones hechas en el sistema sobre las fechas de caducidad de los diferentes lotes, lo que impide reconstruir la trazabilidad del material y obstaculiza los controles internos.

El informe también revela que las recomendaciones emitidas por la CEIGE en las misiones mencionadas, en relación con la necesidad de abrir investigaciones istrativas, no han sido adoptadas en todas las unidades con novedades. Esta omisión ha frenado la posibilidad de establecer responsabilidades o corregir de forma estructural las fallas detectadas.

Además de las inconsistencias en el sistema, el equipo auditor de la Contraloría documentó un volumen significativo de material de guerra que ya no se encuentra en condiciones de uso. La falta de rotación eficiente en los almacenes y las imprecisiones en la codificación de los lotes han contribuido a esta acumulación, según los datos recopilados durante la auditoría.

En este contexto, también se identificaron alteraciones en los registros de SAP-SILOG, donde aparecen cambios en los lotes o fechas de vencimiento sin que exista respaldo técnico de Indumil que justifique la ampliación del periodo de vida útil. Esta situación expone a las unidades a recibir material vencido y genera un riesgo adicional durante las operaciones.

Los polvorines y sitios de almacenamiento inspeccionados presentan condiciones que no garantizan la conservación adecuada del material. Además, señala que se reportaron signos de deterioro en la infraestructura, oxidación de los contenedores y presencia de humedad en techos y paredes. Estas condiciones podrían acelerar el desgaste de las municiones y comprometer aún más su seguridad.

El informe técnico subraya que el daño no se limita al riesgo operativo, sino que también podría derivar en un perjuicio patrimonial para el Estado, al inutilizar material que ya fue adquirido y que hoy no puede ser empleado en actividades de entrenamiento o combate.

Redacción Justicia