Un autogolpe de Estado

El atropello contra la Constitución y las instituciones es inisible. Petro pretende pasarse por la faja la decisión del Senado de negar la consulta espuria y politiquera y sacar un decretazo para convocarla sin cumplir los requisitos constitucionales y legales; entre ellos, la autorización del Senado de la República. Este anuncio de Petro desconocería la Constitución y la ley, generando un autogolpe de Estado por tres razones.

(Le puede interesar: ¿Quiénes son los nazis?).

En primer lugar, el Senado fue autónomo e independiente como rama del poder público al tomar una decisión que, gústele o no a Petro, deja sin posibilidad legal o constitucional la convocatoria de la consulta. Recordemos que el artículo 113 de la Constitución Política plantea el principio de "colaboración armónica de los poderes públicos" y no el sometimiento del Legislativo y de la Rama Judicial al poder ejecutivo. Tanto nuestra carta política como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado es unánime en la defensa de ese principio.

En segundo término, es el Consejo de Estado el encargado de definir la legalidad de los actos del Congreso en caso de ser demandados y no una facultad autónoma de la Rama Ejecutiva del poder público. El enrevesado y abusivo criterio de concluir la legalidad o no de la votación del Senado no le corresponde al Presidente, sino a la Rama Judicial. Por eso, de expedirse el decreto deberá procederse a la denuncia penal contra el presidente Petro y sus ministros por prevaricato por acción.

En tercer término, el Consejo de Estado itió la demanda contra el acto que adoptó la decisión del Senado de negar el concepto favorable a la consulta y le dio validez y presunción de legalidad y existencia a esa decisión. Esto lo que hace es configurar un acto definitivo.

Ante este panorama, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos debe negarse a convocar la consulta por falta de requisitos porque de hacerlo, podría también ser sujeto de una denuncia de prevaricato. El Registrador debe devolverle al Presidente el decreto no por ser juez istrativo, porque sus competencias no le permiten verificar la legalidad del acto, sino porque debe revisar los requisitos para establecer el calendario electoral y al hacerlo observará que no existe decisión favorable del Senado. Es fundamental que la institucionalidad y el país rodeen al Registrador. En momentos como este es cuando deben recordarse el trabajo y el tesón que han llevado a Colombia a edificar una institucionalidad en medio de tantas dificultades históricas.

Desde su llegada a la presidencia, Petro ha intentado usurpar funciones de las otras ramas del poder público. Lo advertí como fiscal general cuando rechacé en múltiples ocasiones sus intentos de pasar por encima de la Rama Judicial y otras instituciones al querer desconocer a la Fiscalía General, a la Procuraduría, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional y el Congreso de la República. Esta semana, con el mayor desparpajo y sin equívocos, Petro dijo que "si las instituciones van contra el pueblo, las instituciones se van". Esta amenaza es una ruptura constitucional al mejor estilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Colombia fue capaz de derrotar a Pablo Escobar y a su cartel de Medellín, hizo lo propio contra los carteles de Cali y el norte del Valle, contra las guerrillas, contra los paramilitares y contra tantos que han querido ver derruida nuestra nación. Esos terribles delincuentes jugaron de frente contra nuestra nación. Sin embargo ninguno de ellos había sido el mismo Presidente de la república. El reto es simple. Colombia y sus instituciones deben pararse firmes e impedir a toda costa que se lleven al traste lo construido con tanto esfuerzo. Petro no nos va a conducir al cadalso. Debemos resistir a la tiranía.