No existe sistema perfecto para seleccionar a los del poder judicial. ¿Elegirlos por voto popular? Eso es lo que acaba de hacer México, un experimento de alto riesgo y resultados inciertos.
Los mexicanos fueron convocados a las urnas para reemplazar cerca de 900 jueces federales, un buen número de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y cientos de otros cargos en tribunales locales. Se ha buscado así transformar la composición de la rama judicial, en un proceso que sus críticos han llamado "kafkiano", por su enorme complejidad. Quizás por ello solo un 13 por ciento del electorado respondió a la convocatoria.
La medida fue propiciada originalmente por el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras choques con la Suprema Corte por haber frenado algunas de sus propuestas. Su sucesora copartidaria y actual mandataria, Claudia Sheinbaum, implementó la reforma aprobada por el Congreso el año pasado.
Importa registrar el carácter extraordinario del experimento. Algunos países, como Estados Unidos, y más recientemente Bolivia, eligen popularmente a algunos de sus jueces. Pero, como lo ha destacado la prensa internacional, México se convertirá en el "único" país que elige de esa manera a todos sus jueces (The Economist, 15/5/25).
El gobierno defiende la medida con argumentos de propiciar la independencia, imparcialidad y diversidad del poder judicial. Es difícil compartir su entusiasmo. En efecto, se teme todo lo contrario.
Es claro que López Obrador decidió adelantar las reformas en respuesta a sus enfrentamientos con los magistrados.
"Es una idea terrible", expresó un editorial del The Economist, al criticar el experimento. Para un articulista de la revista mexicana Letras Libres, lo que ha ocurrido es "un golpe de estado técnico sin que a la sociedad mexicana le importe". Un informe de la Fundación Konrad Adenauer señala que "el 1 de junio posiblemente pasará a la historia como el día en que el desarrollo del imperio de la ley y la democracia en México sufrieron una severo retroceso".
La independencia del poder judicial es uno de los principios fundamentales de la democracia liberal y de las posibilidades de construir un Estado de Derecho. Es, por supuesto, un principio aspiracional.
Como advierte The Economist, existen "buenas razones" para explicar por qué las democracias evitan por lo general seleccionar a sus jueces a través del voto popular. Una, de primer orden, es la necesidad de aislarles del "poder de la opinión pública" –sus decisiones deben obedecer otras lógicas distintas de las de la popularidad–. Otra es la de garantizar también su neutralidad frente a las decisiones populistas del ejecutivo y, por lo tanto, su poder de vigilancia.
Existen además razones para el escepticismo, directamente relacionadas con las circunstancias mexicanas. Una de las más notables es la creciente concentración de poder por parte del ejecutivo, y del partido dominante, Morena.
Tras décadas de hegemonía del PRI, el sistema político mexicano parecía haberse transformado en uno más pluralista, liberal y democrático. Es claro que López Obrador decidió adelantar las reformas en respuesta a sus enfrentamientos con los magistrados. Es aún temprano para saber sobre la identificación partidaria de los jueces recién elegidos, ni será fácil identificarlas con precisión. Pero la elección de los jueces puede conducir a la consolidación de una nueva hegemonía partidaria, con nefastos efectos.
El sistema judicial mexicano enfrenta muchos problemas, comunes a tantos países: baja confianza ciudadana, impunidad, falta de a la justicia… Elegir a los jueces por voto popular no parece ser la fórmula para resolverlos. Es una equivocación que el mundo debe registrar para no repetirla.