'Las que mandan son las disidencias; tienen acorraladas a más de 10.000 personas': alcalde de San José del Guaviare

Nuevamente, como ocurrió en Catatumbo, se consumaron las advertencias hechas por la Defensoría del Pueblo consignadas en las alertas tempranas. En San José del Guaviare, específicamente en el corregimiento de Charras Boquerón —un corredor estratégico del departamento—, la zona está hoy sitiada por las disidencias, que tienen confinadas a unas 10.000 personas, presas del miedo por las desapariciones y el reclutamiento de niños y niñas.

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Desde el pasado 26 de mayo de 2025, la población ha sido víctima de un bloqueo armado en el sector conocido como la 'Trocha ganadera', una vía que conecta a cerca de 60 veredas y es crucial para el desarrollo de la principal actividad económica del departamento: la ganadería. Según la alcaldía de la capital del departamento, semanalmente salen entre 1.200 y 1.500 animales para sacrificio rumbo hacia Villavicencio y Bogotá, renglón económico que buscan captar las estructuras armadas para nutrir sus rentas ilícitas.

"Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a todos los habitantes, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes", alertó la Defensoría.

El Bloque Amazonas, de las disidencias al mando de 'Iván Mordisco', que ejercía un control hegemónico en la zona, ha venido perdiendo terreno por la incursión de las disidencias de 'Calarcá', específicamente del Bloque Jorge Suárez Briceño, que se ha expandido por el sur del país. Ese cercamiento ha sido el caldo de cultivo para una escalada en la confrontación armada que deja en el medio a la población civil, una situación que ya había sido advertida por el Ministerio Público desde enero pasado.

"Hace ya ocho días, los grupos de disidencias que operan en ese corredor territorial hicieron un pronunciamiento en el que prohibieron el tránsito de vehículos. Las empresas transportadoras suspendieron el transporte, la carga y la salida y entrada de productos, especialmente de ganadería, lechería y productos agrícolas", le dijo a este diario el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez.

Según la observación de la Defensoría, desde finales de noviembre de 2024 se conocieron versiones sobre la llegada de hombres armados al mando de 'Calarcá' al municipio de Calamar, particularmente en la vereda La Cristalina. Se comenzaron a reportar amenazas y extorsiones, principalmente contra liderazgos campesinos, quienes eran estigmatizados como supuestos colaboradores del Frente Primero de las disidencias de 'Mordisco'.

En medio de esta creciente tensión, también se documentaron crímenes "relacionados con la profundización de mecanismos de gobernanza armada y control territorial", entre ellos atentados que dejaron personas heridas y muertas, especialmente en la vereda Miravalle.

"El escenario se agravó hasta llegar a un nivel de riesgo extremo debido al inicio de enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño —bajo la comandancia de ‘Calarcá Córdoba’— y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Particularmente, el 18 de enero de 2025, este despacho tuvo conocimiento de enfrentamientos entre estos dos grupos disidentes", se lee en la alerta temprana. 

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Según la Defensoría, si bien las disidencias de 'Mordisco' seguían siendo el actor con mayor presencia en la región, comenzaron a ‘calentarse’ algunas zonas de disputa, como el sector del Guayabero, en San José del Guaviare, donde se registró la presencia de hombres de 'Calarcá' en la zona ribereña y en las veredas Termales, Miravalle, San Miguel, Patio Bonito, Primavera y Caño Triunfo, así como en áreas adyacentes y veredas del corregimiento El Capricho.

"De una parte, se ha observado la imposición simultánea de extorsiones por parte de ambos bandos disidentes, tanto del Bloque Jorge Suárez Briceño como del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Conforme al monitoreo realizado, ambas estructuras buscan desautorizar el cobro del bando contrario, pidiéndole a la comunidad no realizar pagos a la contraparte", advirtió la Defensoría. 

La población civil ha quedado en el medio. Los líderes sociales son señalados y presionados para tomar partido, lo que los hace especialmente vulnerables a hechos de violencia como los asesinatos selectivos.

Otras consecuencias derivadas de su presencia y de la disputa por el control territorial han sido la colonización dirigida para la siembra de coca en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chiribiquete, así como el acaparamiento de predios. "Lo anterior ha implicado el ingreso y circulación de gente foránea, a pesar del fortalecimiento de las restricciones de impuestas por el Bloque Jorge Suárez Briceño", subraya la entidad.

Si bien la consumación de los riesgos expuestos en la alerta temprana, reflejados en el confinamiento de más de 10.000 personas desde el pasado 26 de mayo fueron producto de la inacción estatal, los mandatarios locales aseguran que no han recibido mayor respuesta del gobierno central para atender la crisis. 

"Respuestas, como tal, han sido muy pocas. Nuestra instrucción ha sido clara: debe haber presencia de la fuerza pública en ese corredor vial, pues es su deber institucional garantizarla. Sin embargo, la realidad es otra. Allá, en el territorio, mandan otros: son los grupos de disidencias los que, a través de audios, han intimidado, presionado y generado el confinamiento", agregó Rodríguez. 

Según el alcalde, no ha habido presencia del Gobierno pese a sus reiterados llamados para que llegue al territorio, no solo con la fuerza pública, sino "con estrategias y programas que lleguen a las comunidades".

Por su parte, la Defensoría exhortó al Gobierno a convocar de inmediato un CIPRAT extraordinario para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida en San José del Guaviare, que coordine las acciones de respuesta humanitaria. También pidió activar mecanismos de diálogo que permitan levantar el confinamiento y restablecer la libre circulación en la zona.

Redacción Justicia