Estado reconoce su responsabilidad por el asesinato de Jaime Garzón

Casi 26 años después del asesinato del periodista, humorista y mediador humanitario Jaime Hernando Garzón Forero, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos, itiendo que vulneró sus derechos a la vida, integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión.

Garzón fue asesinado en la mañana del 13 de agosto de 1999, con cinco disparos que le propinaron dos sicarios cuando iba en su carro rumbo a su lugar de trabajo. Desde entonces, sus familiares han buscado que se haga justicia y, ante el lento avance del expediente en la justicia colombiana, en 2011 presentaron una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que el caso fuera estudiado allí, alegando que el crimen se cometió con participación de agentes estatales como determinadores, y que había impunidad por la falta de investigación, juicio y sanción de todos los responsables.

Es de señalar que en Colombia el caso fue declarado como crimen de lesa humanidad en 2016, lo que implica que la investigación no prescribirá, pero los familiares y sus abogados han cuestionado la lentitud de la misma, dentro de la cual han sido condenadas hasta ahora solo dos personas: el exdirector del DAS José Miguel Narváez, sobre quien pesa una pena de 26 años de prisión, y el exjefe paramilitar Carlos Castaño, quien no pagó cárcel por esos hechos y fue asesinado en 2004.

A lo largo de los años otras personas han sido mencionadas por el crimen, como el coronel en retiro Jorge Eliécer Plazas Acevedo, exdirector de inteligencia de la Brigada XII del Ejército Nacional, quien buscó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sin que hasta el año pasado se hubiera tomado una decisión frente a esa petición.

Además, en 2016 el Consejo de Estado declaró a la Nación jurídicamente responsable por el crimen, señalando que agentes estatales habían estado involucrados de manera directa en el asesinato, específicamente, del Ejército Nacional y del extinto Departamento istrativo de Seguridad (DAS), en alianza con grupos paramilitares.

En este escenario, en 2022 la CIDH itió para estudio el caso, cuestionando el hecho de que habían transcurrido más de dos décadas sin que se hubiera juzgado a la totalidad de los responsables materiales ni indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil.

“Es un caso en el cual ya hay pronunciamientos judiciales (de la justicia contencioso istrativa, así como de la penal) que declaran que hubo involucramiento de agentes estatales en el asesinato, pero la justicia penal no ha logrado identificarlos a todos a pesar del transcurso de dos décadas”, se lee en el informe de isibilidad de la CIDH.

Ahora, mediante observaciones enviadas por el Estado colombiano en este proceso, la Nación reconoció su responsabilidad internacionalmente por esos hechos.

En las observaciones el país manifestó: “Se trata del homicidio de un líder representativo para la sociedad colombiana que, a través del periodismo y el humor, denunciaba a los distintos actores involucrados en las dinámicas de violencia y corrupción que atravesaba el Estado en ese momento”.

Así mismo, el Estado dijo que lamenta los hechos que resultaron “en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país” y expuso que el avance de las investigaciones ha permitido establecer que el plan criminal fue ejecutado “con la aquiescencia de agentes del Estado”.

En ese sentido, Colombia, representada jurídicamente ante la CIDH por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión de Jaime Garzón Forero. Al tiempo, reconoció que las vulneraciones y dilaciones en el proceso penal han afectado los derechos de sus familiares, especialmente los derechos a la integridad personal y a la verdad.

Yebrail Andrés Haddad Linero, director de Defensa Jurídica Internacional de la Andje, manifestó que en el caso ante la CIDH la Nación inicialmente había adoptado una postura negacionista, pero tras una revisión del expediente, se decidió “reconocer ampliamente responsabilidad internacional por el vil asesinato de Jaime Garzón. Por haber violado su derecho a la vida, integridad personal, a la libertad de pensamiento y expresión y derechos a las garantías y protección judicial. La familia, con la grave dilación de las investigaciones, ha sufrido una mengua de sus derechos”.

Haddad agregó que si bien el reconocimiento “no va a subsanar el dolor ni devolver a Jaime Garzón, es un paso importante para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición”.

De otra parte, este reconocimiento de responsabilidad también se constituye en un paso para buscar que el caso no llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia posterior a la CIDH, y evitar una eventual condena internacional contra la Nación.