Empresas privadas proponen esquema penitenciario alternativo al Inpec

La mañana del pasado 18 de marzo un escándalo más tocó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la fuga de Juan Castro Estupiñán, alias Matamba, el poderoso jefe de la banda la ‘Cordillera Sur’, de la cárcel La Picota en Bogotá.

Este hecho, sumado a la fuga de la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano, y a los permisos irregulares otorgados recientemente para que el empresario Carlos Mattos -enredado por sobornar a funcionarios judiciales para la representación de la marca Hyundai en Colombia- saliera de La Picota, ha traído de nuevo la discusión sobre la necesidad de reformar o liquidar el Inpec.

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La Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada (Confevip), que reúne a cien empresas de seguridad, vigilancia y anexos, propuso un esquema carcelario alternativo al que actualmente maneja el Inpec.

En entrevista con EL TIEMPO el presidente de la Confevip, Miguel Ángel Díaz García, explicó la propuesta que las empresas de seguridad privada le presentan al Estado para la istración carcelaria en el país.

Díaz señaló que “al Inpec le quedó grande manejar la seguridad en las cárceles”. Para el líder gremial, los establecimientos carcelarios se convirtieron en unas “escuelas del delito”, donde las personas no cumplen su proceso de resocialización sino que, al contrario, reinciden en los delitos como la extorsión.

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Según el Inpec, su capacidad de población intramural es de un poco más de 80 mil personas privadas de su libertad, distribuidas en sus establecimientos carcelarios ubicados en 28 departamentos del país. Para marzo de 2020, había 122.598 personas en 132 establecimientos, lo que significó una sobrepoblación carcelaria de 41.670 personas y un hacinamiento del 51,49 por ciento.

Mientras que a marzo de este año, con solo 127 establecimientos carcelarios, se encuentra una sobrepoblación de 16.199 personas, traduciendo un 20 por ciento de hacinamiento. Lo anterior quiere decir que el hacinamiento se redujo en un 30 por ciento.

Sin embargo, para Díaz las cifras distan de las del Inpec: “En estos momentos, hay más de 70 mil personas hacinadas en los establecimientos carcelarios. Es un panorama desolador”, indicó.

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Para el presidente de Confevip, la única vía que tiene el Gobierno Nacional para cambiar este panorama es mediante las asociaciones público-privadas (APP), donde las empresas privadas de vigilancia tendrían la autorización para construir, istrar y dar seguridad a nuevas cárceles.

Díaz explicó que podrían manejarse dos modelos de establecimientos carcelarios. El primero se refiere a las prisiones donde están las personas con medida de aseguramiento dentro del proceso de una investigación en su contra; y el otro, a las cárceles donde están los reclusos pagando sus penas pero en condición de hacinamiento. “Lo que se quiere es un esquema de prisión y un sistema carcelario alterno al actual”, señaló el líder gremial.

Bajo ese modelo propuesto por las empresas de seguridad privada, las cárceles como la Picota, Modelo, de máxima seguridad en Cómbita, seguirán funcionando como lo hacen ahora.

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“Vamos a desahogar el sistema carcelario y las comandancias de la Policía, que están recibiendo a todos los presos, las personas que han capturado en flagrancia, o que tienen denuncias y tienen que esperar a que un juez de garantías les solucione”, dijo Díaz.

El líder gremial explicó que se trata de un sistema de concesión donde el Estado colombiano pagaría por recluso atendido, evitando la formulación de contratos y presupuestos.

“Con base a una tarifa por recluso, este podría acceder a medicinas, capacidad de trabajo, de procesos manufactureros. Se resocializa mediante la atención de aspectos psicológicos en un ambiente estable y en condiciones razonables de derechos humanos”, mencionó Díaz.

Este esquema, en palabras de Díaz, se viene manejando hace mucho tiempo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, y en Brasil.

Existen varios modelos: el americano es el más consolidado, y se ejecuta mediante un contrato en el que el Estado construye la cárcel y genera el esquema de seguridad, pero la empresa privada de vigilancia es contratada para brindar la seguridad.

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En Europa, el servicio se da mediante la figura de concesión, donde la empresa de seguridad interviene en todos los procesos y cobra por recluso. En Brasil es un modelo intermedio porque hay un capital mixto entre el presupuesto público y privado. Todos los esquemas tienen el mismo objetivo: “que la gente pueda estar en las cárceles en unas mejores condiciones, atendiendo los problemas de hacinamiento y derechos humanos”, enfatizó el presidente de Confevip.

“Nosotros proponemos el esquema más económico para el Estado, en donde no tiene que hacer inversiones y solo tiene que pagar por persona recluida. Es una propuesta innovadora e interesante que permite resolver este problema endémico que tiene Colombia”, concluyó Díaz.

La capacidad de inversión y ejecución de esquemas de seguridad que tiene el sector privado aplica para cualquier tipo de establecimiento carcelario, señaló el líder. De hecho, en palabras de Díaz, hoy en día las cárceles de máxima seguridad son construidas por el sector privado, solo que el Inpec es el que presta la seguridad.

Además, explicó que estos esquemas tienen dos aspectos importantes: la infraestructura y los recursos tecnológicos. Pero, “el Estado no tiene el presupuesto ni la capacidad para crecer en la medida de lo que requieren todos los reclusos, y que están llegando a las cárceles todos los días”, dijo Díaz.

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El concepto que maneja Confevip en su propuesta es que no exista la permeabilidad en el sistema carcelario. Las empresas de seguridad privada cuentan con herramientas como el polígrafo, las pruebas de selección, entrenamiento, capacitación, buena remuneración, “que es lo que hoy acusa a todo el sistema carcelario” indicó Díaz.

“El Inpec se volvió una estructura burocrática y anacrónica que no responde a las nuevas realidades, hoy se requiere de alta tecnología, de complementariedad de los sistemas digitales de información, de Big Data, y eso hoy en día no lo tiene el Estado colombiano” señaló el líder gremial.

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De acuerdo a informes de la Confevip, el sector de la seguridad tiene hoy cerca de 400 mil hombres y aporta el dos por ciento del PIB. En 2020 generó 32 mil empleos, por lo que se considera que fue uno de los sectores que continuó creciendo durante la pandemia.

La propuesta del sector privado ofrece una alternancia de modelos carcelarios para garantizar la seguridad y la resocialización de las personas privadas de su libertad. En caso de darse la adjudicación del proyecto, explicó Díaz, se puede tardar unos dieciocho meses en ejecutar (con la construcción de las cárceles y la puesta en marcha de los esquemas de seguridad), todo esto con inversión de los privados.

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