Estos son los contratistas denunciados por 'Epa Colombia' por dar 'comida podrida' en la cárcel del Buen Pastor

Pese a que un mes el Gobierno destinó casi 70 mil millones de pesos en un jugoso contrato para dar alimentación, entre otras prisiones, a la Cárcel el Buen Pastor de Bogotá, las condiciones en las que comen las internas del principal centro de reclusión del país son deplorables. Y así lo hicieron saber esta semana varias de ellas, incluida la conocida ‘Epa Colombia’, Daneidy Barrera.

En el vídeo divulgado a través de medios, la influencer, quien paga prisión por vandalizar estaciones de TransMilenio, aseguró junto con otras de sus compañeras que no han podido recibir alimentos porque, entre otras, han encontrado ratas muertas dentro de las ollas y muchas veces la comida que se sirve está en estado de descomposición.

"Estas mujeres están muertas de hambre, llevamos días sin comer. Por favor, que nos ayuden", dice la creadora de contenido. A ella se suma una de las reclusas que dice: "El pollo podrido, el pescado podrido" y se escucha decir a Epa Colombia: "Todo picho".

La denuncia, que ha desatado indignación, vuelve a poner en la mira a la polémica Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que durante varios meses se la jugó por una millonaria licitación pública que tenía como objetivo, precisamente, mejorar un proceso que desde siempre ha sido criticado por corrupción y mala calidad.

Y en efecto, con poco ruido y en medio del sacudón que significó la salida de la ministra de Justicia, Angela María Buitrago por supuestas presiones para nombrar cargos en esa entidad, el proceso por un valor de 946 mil millones de pesos, fue adjudicado a varias empresas y uniones temporales.

Esto, porque el convenio está dividido en 17 grupos que abarcan, por regiones, todos los establecimientos carcelarios del país. Y de acuerdo con el número de prisiones se adjudica un monto específico por el que participan los aspirantes.

El Buen Pastor, en este caso, quedó ubicado en el grupo 9, junto con otras 12 cárceles ubicadas en la zona central del país que incluye establecimientos penitenciarios en Bogotá, Boyacá y Cundinamarca.

Para este grupo, la Uspec destinó, basado en las proyecciones de población de cada una de las cárceles, un total de 69.224 millones de pesos. El contrato firmado el pasado 30 de abril, tendrá vigencia hasta el 31 de julio del próximo año y fue adjudicado a la Unión Temporal Servir Uspec, cuyos integrantes son viejos conocidos dentro del mercado de la alimentación carcelaria del país.

La Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó el contrato y encontró que el grupo 9 del que hace parte El Buen Pastor fue adjudicado a la Unión Temporal Servir Uspec, que es prácticamente un ‘reencauche’ de las empresas que, en 2023, prestaban el servicio de alimentación a esas mismas prisiones en el país y que por poco desata una fuga masiva en la cárcel de Cómbita, donde están algunos de los criminales más peligrosos del país.

Hoy, en 2025, la UT Servir Uspec está integrada por tres empresas: Jesmar Hurtado y Compañía, con el 51 por ciento de participación; Fundación para el Progreso Territorial, con el 45 por ciento e Industrias Alimenticias Enripan SAS, con el 4 por ciento. La Unión de estas tres compañías tiene como representante legal a Elvis Jorge Mario Colmenares Forero.

Para diciembre del año 2023, Colmenares Forero, la empresa Jesmar Hurtado y la Fundación para el Progreso Territorial, como socia de una compañía llamada 'Consultores Especialistas Organizaciones' formaban la UT Andino Colombiano, tal como lo informó en su momento la Unidad Investigativa de este medio.

Eran ellos los encargados de entregar la comida en momentos en que el gobierno recibió una alerta sobre decenas de reclusos que se tomaron pabellones e incluso pensaron en realizar una fuga masiva motivada por las falencias en el suministro de la alimentación diaria en ese importante penal.

“Actualmente, tenemos una crisis muy grande en Cómbita, teniendo en cuenta que llevan más o menos ocho días aguantando hambre. Hoy en día los operadores no están cumpliendo ni con el gramaje ni con los horarios, entonces lo que tenemos allá no es huelga de hambre, porque finalmente no tienen nada que comer, sin embargo, tenemos problemas muy grandes frente al control penitenciario, teniendo en cuenta que se quieren fugar”, aseguró Gutiérrez.

Según el Uspec, el fallo obedeció a daños en las calderas del penal. Sin embargo, se le hicieron dos requerimientos oficiales al representante legal de la UT para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales que incluyen la óptima prestación del servicio en cuanto a calidad, inocuidad y oportunidad.

Hoy, como en 2023, el Buen Pastor y la Cárcel de Cómbita son las dos que mayor población tienen, por lo tanto las de mayor responsabilidad y más uso de recursos, en el grupo asignado a la unión temporal representada por Colmenares.

De acuerdo con lo estimado por el Uspec, la población objetivo del convenio en Cómbita es de 3.822 reclusos y la del Buen Pastor, 1.895 prisioneras, que corresponden al 74 por ciento de los 7.755 reclusos que se proyecta atender con el convenio. 

El contrato para la alimentación del Buen Pastor y de otras 12 instalaciones carcelarias tiene por objeto “Suministrar el servicio de alimentación para la población privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - Uspec, el cual se compone de desayuno, almuerzo, cena y refrigerio”.

Con un valor total de 69.224 millones de pesos, comenzó en firme el pasado 16 de mayo, de acuerdo con el acta de inicio que reposa en la plataforma Secop. Es decir, que desde ese día toda la responsabilidad de alimentar a los reclusos asignados en el grupo 9 de la licitación es responsabilidad de esta unión temporal.

Como ya se mencionó, el socio mayoritario es Jesmar Hurtado, empresa ubicada en el departamento de Florencia, en Caquetá, y cuyo representante legal es Néstor Hurtado. 

De acuerdo con el Registro Único de Empresas y Sociedades (Rues), tiene autorizadas cuatro actividades comerciales: la primera de ellas es “comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados”, seguida por “elaboración de productos de panadería”, “otros tipos de expendio de comidas preparadas” y “actividades de otros servicios de comidas”.

Según lo contemplado en el Portal Anticorrupción (Paco) de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, a la fecha esta empresa, bajo esa razón social, no registra contratación reciente. Sin embargo, ha hecho parte en 2021 y 2023 de otras uniones temporales que estuvieron en la contratación de alimentos con el Uspec.

Caso contrario a la Fundación para el Desarrollo Territorial, entidad registrada como sin ánimo de lucro y cuya representante legal Angelly Lisseth Sinsajoa Jojoa.

Su objeto social, de acuerdo con su página oficial es el de “identificación, formulación, diseño, difusión, apoyo, impulso, gestión y ejecución de proyectos de desarrollo social, económico, productivo, de infraestructura física, educativos, ambientales, sociales, culturales y organizacionales, entre otros, que favorezcan el desarrollo de los territorios”.

Esta fundación tuvo, entre los años 2022 y 2024 por lo menos 99 contratos con entidades territoriales de diferentes municipios del departamento de Nariño y de Putumayo que le representaron recursos superiores a los 14 millones de pesos. A nivel nacional no registra convenios, salvo la contratación con la Uspec y siempre como parte de uniones temporales.

A la misma Unión Temporal que hoy está en el ojo del huracán debido a las protestas en el Buen Pastor le fue asignado también el grupo 1 de esta licitación, lo que representa 54 mil millones de pesos adicionales para atender a 40 establecimientos, la mayoría de ellos estaciones de policía en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los centros penitenciarios a su cargo son las cárceles de Tuluá (1.040 reclusos), Popayán (2.731) y Pasto (846).

En un comunicado emitido este jueves, el Uspec señaló que “no ha existido interrupción del servicio de alimentación”. “Desde el inicio de la operación (16 de mayo), el operador ha garantizado la entrega de abarrotes, proteínas y productos fruver, de acuerdo con las especificaciones contractuales”.

Sobre el estado de los alimentos y la supuesta presencia de ratas denunciada, agrega el documento que “se detectó una situación puntual el 24 de mayo que obedeció a factores ambientales ajenos al operador, como el aumento de lluvias y el desbordamiento del ‘Caño Negro’. Sin embargo, se tomaron medidas inmediatas: contratación de empresa especializada en control de plagas (FUMIGAR), implementación de cronograma de mitigación y coordinación con el área ambiental del establecimiento para mantener condiciones sanitarias óptimas”.

Añade la Uspec que “las condiciones de higiene se han mantenido mediante jornadas diarias de limpieza, desinfección y adecuaciones estructurales realizadas por el operador.  Se han ejecutado mejoras en infraestructura conforme a lo requerido y se ha entregado menaje adicional para garantizar la prestación eficiente del servicio”.

Las licitaciones sobre alimentación en las cárceles siempre han sido altamente cuestionadas, no solo por su calidad, sino ante evidencias de ‘carruseles’ en los que las mismas empresas se rotan los diferentes grupos y contratos a través de nombres cambiados.

Así lo han señalado organizaciones y ONG como la Corporación Anticorrupción Internacional (Coraci), han señalado que que en los procesos contractuales de alimentación para las prisiones suele haber “concentración de la contratación en los mismos operadores del mercado, los mismos grupos o cárceles específicos en cabeza de empresas que a través del tiempo han ofertado y ejecutado dichos grupos sin competencia clara en este proceso y en eventos de anteriores”.

Pero no solo eso. La Defensoría del Pueblo ha hecho constantes llamados a mejorar un servicio que ha calificado como “inhumano”. En promedio, con 16.626 pesos, mucho menos de lo que vale un almuerzo corriente de Bogotá, se cubren desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de un preso.

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO