Metro de Bogotá: ¿Agencia Jurídica del Estado puede demandar contrato? Expertos opinan

El anuncio del presidente Gustavo Petro de que le pedirá a la Agencia Jurídica del Estado que “adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto nacional” y con estos “financiar un mejor metro para Bogotá” causó preocupación en algunos sectores de la ciudad que ya se preguntan si el actual Gobierno Nacional le quiere plantear un litigio al Distrito por los recursos que comprometió en 2019 para hacer realidad la megaobra.

De esta manera el Jefe de Estado estaría intentando llevar a la istración del alcalde Carlos Fernando Galán a aceptar el cambio del proyecto del metro elevado por uno mixto, como llamó Petro la alternativa de un trazado subterráneo por la carrera 13, entre la calle 1.ª con carrera 24 y la 72.

Esto implica, según han manifestado los expertos, una modificación a la tipología y al contrato firmado con el consorcio chino Metro Línea 1 y que se encuentra ya en un avance del 30,86 por ciento.

Este proyecto, según el mandatario, tiene un ahorro de 8 billones de pesos, mientras en el elevado es de 3 billones. Además de los beneficios sociales, urbanísticos y ambientales. El mandatario también dijo que el proyecto bajo tierra tenía la misma TIR (tasa interna de retorno) que el elevado, pero que contaba con mayor valor presente y beneficio costo.

El proyecto mixto surge de la evaluación que hizo el Gobierno con base en el estudio contratado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). De hecho, este organismo consultor había indicado ante la comisión de seguimiento del metro en el Senado y en un comunicado que el estudio no era para emitir un veredicto sobre la mejor alternativa para el metro de Bogotá, sino para “elaborar la metodología de buenas prácticas para apoyar la toma de decisiones en proyectos de transporte ferroviario”.

Y si bien el Presidente presentó en la noche del pasado domingo nuevos elementos de la alternativa soterrada por la carrera 13, el estudio de la SCI aún no se conoce completamente.

Frente a la propuesta de cambiar el trazado de la primera línea, el alcalde Galán le respondió este lunes en la anoche de manera enérgica al presidente Gustavo Petro. En una alocución dijo que “el metro de Bogotá no tiene reversa” y que “evaluar futuros proyectos no es evaluar proyectos que están en ejecución”. Además afirmó que la modificación que propone el Presidente “es jurídicamente imposible y técnicamente inviable”.

Cabe recordar que la primera línea del metro fue contratada en 2019 por 22,3 billones de pesos, luego de haber superado los estudios legales, técnicos y financieros realizados desde 2017 por firmas nacionales e internacionales, como la compañía sa Systra y Deloitte, el Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Planeación Nacional, el Ministerio de Transporte y el BID y el Banco Mundial.

Pero además, el Distrito y la Nación se comprometieron con vigencias futuras, como quedó establecido en el convenio de cofinanciación y en el documento Conpes 3900, mediante el cual se declaró la primera línea como proyecto de importancia estratégica de la Nación.

En pesos corrientes, la Nación ha aportado 950.024 millones de pesos y el Distrito, 3,26 billones, para un total de 4,21 billones, con corte al 31 de enero.

Pero qué tanto puede intervenir o decidir el presidente Petro para que el proyecto contemple el trazado soterrado por el que está insistiendo ahora. EL TIEMPO habló con expertos juristas y en movilidad que conocen el proyecto del metro, incluso desde su gestación, y las opiniones están divididas en cuanto que puede cumplir lo que algunos han interpretado como una amenaza a la ciudad.

El jurista en contratación Luis Guillermo Dávila dice que “el contrato solo puede ser modificado por las partes, por razones realmente justificadas, sobrevivientes a la celebración y convenientes al interés público”.

En el caso, como algunos temen, que desde la Presidencia se dé la orden de no girar los recursos a los cuales se comprometió la Nación cada año, el profesor universitario en contratación estatal y miembro de la comisión redactora de la ley 80 indica que se podría estar “incumpliendo el contrato con el contratista (el consorcio chino) y todo lo que se deriva de un incumplimiento”.

En la misma línea, el también experto en contratación estatal Juan José Gómez Urueña considera que una eventual revisión del contrato del metro “puede dar lugar a una extralimitación de funciones” que es sancionable por vía disciplinaria e, incluso, penal.

“En lugar de ocuparse de un contrato en el que no hace parte la Nación y en el que no existe ningún litigio, el Gobierno Nacional debería empezar por nombrar en propiedad al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y preocuparse por los tribunales internacionales y las cuantiosas demandas que existen en contra del Estado colombiano”, agregó.

Otro jurista y que conoce de cerca el proyecto y que pidió no ser citado no cree que el anuncio del Presidente tenga algún efecto. “La Agencia no está para eso, dentro de las funciones que tiene esa no está, la de revisar contratos que no han sido firmados por la Nación. Ahí no hay nada que revisar”.

El director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad La Sabana, Omar Oróstegui, cree que "más allá del efecto mediático del anuncio (del Presidente), es poco probable que el contrato se modifique, pues está blindado jurídicamente y ha tenido siempre el acompañamiento de organismos multilaterales".   

Por su parte, el exgerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, señala que el contrato tiene cerca de 3.000 páginas y fue aprobado por los tres bancos multilaterales antes de abrir la licitación. Agrega que también fue revisado por todos los entes de control, incluso las contralorías Nacional y Distrital, y “no vieron ningún problema”.

Escobar puntualiza que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado “fue creada para defender al Estado y los bolsillos de los colombianos de las demandas y pretensiones pecuniarias, y aquí, ni los chinos ni nadie ha demandado ni está pidiendo indemnización alguna”.

Igualmente, Darío Hidalgo, experto en movilidad y docente de la Universidad Javeriana, indica que sus consultas con expertos juristas indican que “lo único que podría hacer el gobierno Petro es demandar la nulidad del contrato ante el Consejo de Estado, pero eso tiene requisitos muy estrictos”.

Por el contrario, Hidalgo planteó lo que califica como una “duda gigantesca” sobre el estudio del metro de la SCI: “La evaluación es ‘Ante’, es como si estuviéramos en 2016. Una evaluación de un proyecto en marcha hay que descontarle los costos en los que ya se incurrió y volver a hacer otro diseño, adquisición de predios y relocalización de redes de servicios”.

Y frente al tramo subterráneo puntualizó que también necesitará estaciones a cielo abierto, compra de nuevos predios, pantallas (de concreto) para meter la tuneladora y evitar así afectaciones a los edificios y la relocalización de redes de servicios públicos públicos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO