¿Palos a la investigación?

En sus discursos en plaza pública y en sus monólogos televisados, Petro decidió incendiar el país, en medio de la crisis de su gobierno. Lo hizo para alimentar sus huestes, con el discurso de la lucha de clases. Aunque precisó que no pretendía generar una narrativa de “odio de clases”, lo cierto es que sus palabras procaces y sus mensajes hostiles han generado un ambiente de confrontación social sin antecedentes. En su lenguaje, los congresistas son h. p.; los magistrados, prevaricadores; nazis sus opositores, burgueses insensibles los hombres de negocios, y muñecas de la mafia las periodistas.

Nadie puede sorprenderse de que a toda esta artillería verbal le haya seguido la violencia física, como ha ocurrido con el infame atentado contra Miguel Uribe. Mucho menos cuando en su cuenta X, el día anterior a este acto criminal, Gustavo Petro utilizó el nombre del senador del Centro Democrático para exponerlo ante sus fanáticos seguidores progresistas, identificándolo como un “torturador del pueblo”, como lo hizo “tu abuelo a diez mil colombianos”. Todo un irresponsable señalamiento que, quiérase o no, es antecedente ineludible del atentado.

En este contexto, es impúdico afirmar que el actual clima de tensión nació con el archivo de la reforma laboral. Mucho antes de la decisión del Senado se venía crispando –sistemática y metódicamente– la opinión popular, con los discursos presidenciales.

El Gobierno debería ser el primer interesado en el esclarecimiento del atentado, hasta que quede totalmente claro quiénes fueron los autores intelectuales. Pero no parece. A las pocas horas del intento de asesinato del candidato presidencial, en un hecho absolutamente inusual e irregular, los ministros del Interior y de Defensa ofrecieron una rueda de prensa para entregar avances sobre el curso de la investigación, responsabilidad que es de competencia exclusiva de la Fiscalía, llegando al punto de reducir a tres las hipótesis sobre el origen del ataque. Si esta tarea está reservada exclusivamente al fiscal de conocimiento, ¿por qué el afán de construir mediáticamente una matriz investigativa, en la que el Gobierno y sus familiares se describen como víctimas?

Por si fuera poco, durante los primeros días de esta investigación, Petro se ha encargado de publicar, con cuentagotas, parte de la información sensible recaudada por la Policía Judicial, cuya divulgación es inoportuna en estos momentos e improcedente, por su carácter reservado. Claramente se ha procedido así para dirigir la investigación hacia “un grupo con capacidad de matar, enemigo del Gobierno y de la consulta popular”, según la versión palaciega. Es un desafío a la razón mezclar este crimen con la consulta y un despropósito descartar de plano otras hipótesis de autoría, cuando hay evidencias que no permiten desechar la responsabilidad del mismo Estado, por los defectos existentes en el esquema de seguridad del senador en la tarde de los hechos, la actuación de los agentes del Estado durante la captura en flagrancia, la permisividad con que actuaron algunos funcionarios de la UNP, facilitando que el matón fuera gravemente golpeado por terceros, justo cuando empezaba a ofrecer información esencial; la manipulación del arma de fuego utilizada por un agente de la policía y el extraño extravío del celular del sicario.

Si realmente se quiere tener una investigación transparente y eficaz, hay que dejar que sin interferencias actúe la Fiscalía, en la que el país puede depositar toda su confianza, sin que las agencias petristas echen codo para entrometerse. Con sus capacidades, a estas horas debe tener establecida la red de sicarios, mediante el uso de las cámaras de seguridad de la ciudad y mediante el estudio de las celdas de la telefonía celular, de donde surgen los números de los abonados que rondaron la escena de los hechos y el nombre de sus titulares. Así se hizo en tiempo extraordinario en el caso de la Escuela General Santander. De manera que, si no se lo condiciona y no se le ponen palos en la rueda al ente investigador, prontamente la fiscal Camargo podrá informar al país sobre los móviles criminales.

Taponazo. El decretazo consumó una ruptura constitucional.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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