El polémico proyecto de reforma constitucional que busca cambiar la elección de directivos en universidades y colegios, y crear una Superintendencia de Educación

Hay preocupación en gran parte del sector educativo (tanto en educación superior como en básica y media) por cuenta de un proyecto de acto legislativo (reforma constitucional) que busca hacer grandes modificaciones al sistema, y el cual cuenta con la firma de más de 20 congresistas de distintas vertientes políticas, tanto de gobierno, independientes y oposición.

Se trata del proyecto de Acto Legislativo 08 de 2024, que fue radicado el pasado 21 de agosto y que en estos momentos se encuentra en proceso de audiencias públicas y a la espera de que se agende su primer debate en la Comisión Primera del Senado. La iniciativa busca reformar los artículos 67, 68, 69, 150 y 189 de la Constitución, todos ellos referentes al sistema educativo colombiano, modificando temas como los sistemas de elección de las directivas de las instituciones educativas en todos los niveles, es decir, no solo en universidades sino también en colegios, así como la creación de una Superintendencia de Educación, propuesta que ha sido cuestionada por gran parte del sector.

Se presentó como un intento por recuperar algunos de los postulados del fallido proyecto de ley estatutaria que el Ministerio de Educación presentó la pasada legislatura y que finalmente se hundió a falta de un último debate.

Pero en este caso, no se trata de un proyecto del Gobierno sino de un grupo de congresistas muy heterogéneo, de diferentes orillas, y liderados principalmente por el Partido de la U, con figuras como Julio Elías Chagüi y Julio Alberto Elías. Aunque aparecen como autores del proyecto personas de otros partidos como Cambio Radical (Carlos Fernando Motoa), el Partido Conservador (Germán Blanco y Juan Carlos Wills), Partido Liberal (Jhon Jairo Roldán), Comunes (Luis Alberto Albán), Pacto Histórico (Heráclito Landínez, Pedro José Suárez y Jorge Alejandro Ocampo), Alianza Verde (Catherine Juvinao), Dignidad (Jennifer Pedraza), Centro Democrático (Hernán Cadavid y José Jaime Uscategui), figuras como Marelen Castillo y Miguel Polo Polo, entre otros.

Y es precisamente esa variedad de apoyos lo que hoy genera preocupación en algunos sectores, ya que esto haría más fácil el trámite del proyecto, a pesar de que se trata de una iniciativa que propone aspectos polémicos y con muchos detractores.

El proyecto de acto legislativo 08 de 2024 es un intento por modificar constitucionalmente al sistema educativo colombiano, específicamente en lo que respecta a la vigilancia, inspección y control del sector.

Sin embargo, y aunque el mismo título de la iniciativa y su exposición de motivos se refiere a estas funciones de inspección, el texto propuesto al modificar el artículo 67 de la constitución modifica parte de la naturaleza misma del sistema educativo.

Por ejemplo, en uno de sus apartes hace obligatorios todos los niveles de educación, desde la primera infancia hasta la educación superior. Actualmente la obligatoriedad establecida por el artículo 67 de la constitución va de los 5 a los 15 años, es decir, desde los grados transición a noveno.

“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria desde la educación inicial, entre los cero y los seis (6) años, hasta la educación superior en igualdad de condiciones, inclusiva, de calidad y pertinencia para todas las personas desde las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad”, se lee en el texto.

Expertos consultados por este diario ven con buenos ojos que la educación inicial y la media (décimo y once) se hagan obligatorias, ya que evitaría la desescolarización y aumentaría la tasa de graduación de Bachillerato. Sin embargo, ven problemático que se haga de la educación superior (carreras técnicas, tecnológica y profesionales) como obligatoria. “Esto de entrada pondría una presión en el Estado enorme. Pero más allá de eso parece ignorar la manera en que evoluciona el sector, donde los jóvenes cada vez más optan por alternativas a la educación superior. ¿Por qué no hablar de universalización de la oferta en lugar de hacerla obligatoria? Es extraño obligar a alguien a estudiar un programa de educación superior. Faltan explicaciones al respecto”, dijo el analista educativo Ricardo Rodríguez.

Pero tal vez lo que más genera preocupación de este artículo es que crea la Superintendencia de Educación, con la que el Estado “ejercerá la suprema inspección, vigilancia y control, como una política pública independiente de la política pública educativa, sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos o privados. La Superintendencia de Educación llevará el registro de títulos, certificaciones, homologaciones, validaciones, convalidaciones de estudios adelantados en el país o en el exterior”.

Se trata de una propuesta que no es nueva, y que ha sido ampliamente cuestionada por actores del sector, que la consideran como un exceso de burocracia e innecesaria, ya que existen instancias encargadas de estas funciones.

Así lo explicó, por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún): “En un contexto de desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y debilitamiento de las privadas, la propuesta de crear una nueva entidad encargada no sólo de la supervisión, sino además del control de la educación resulta preocupante. Esta entidad duplicaría funciones ya asignadas a organismos existentes como CONACES, CNA, subdirecciones del MEN, ICFES y secretarías de educación, o funciones que tienen las mismas IES, generando costos adicionales y burocracia innecesaria”.

Pero uno de los puntos más preocupantes es el de la autonomía, ya no solo universitaria, sino de absolutamente todas las instituciones educativas, incluídos los colegios.

Y es que el artículo 68 de la Constitución incluiría la siguiente redacción: “La comunidad educativa participará en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación en todos sus niveles y formas de manera democrática, participativa, pluralista y directa”.

En otras palabras, en todas las instituciones educativas (colegios, universidades e instituciones técnicas y tecnológicas) de ahora en adelante tendrían que elegir sus directivas por voto directo, incluyendo rectores, decanos, coordinadores, etc.

Y el proyecto añade: “se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa de los estamentos de la comunidad educativa en los órganos de dirección”.

Para Ascún, esto es una clara violación a la autonomía universitaria: “El proyecto parece buscar, a través de distintos medios, la reducción de la autonomía de las universidades, colegios y todas las instituciones educativas del país, imponiendo una única forma de elegir a sus directivas. Se ha demostrado que este enfoque no cuenta con un consenso nacional”.

Este no es el único cambio en la autonomía. De hecho, al modificarse el artículo 69 de la Constitución, cambia por completo la definición del derecho constitucional a la autonomía universitaria.

“Se garantiza la autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Las Instituciones de Educación Superior podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, reconociendo y respetando los derechos de la comunidad educativa en los órganos de dirección; las cuales serán supervisadas, vigiladas y controladas conformidad con la ley”, dice el proyecto.

De esta forma, dicen desde Ascún, se limita la autonomía universitaria, y se contradice, ya que no permite a las universidades determinar su propia forma de elección de los órganos de Gobierno, sino que impone la democracia directa.

“Nos preocupan las razones por las que se propone un cambio constitucional y las implicaciones que esto puede traer en posibles contradicciones internas o un desvío de los principios que generaron la Constitución de 1991”, sostiene la asociación.

Y agregó: “La reforma de la Constitución, especialmente en una materia tan sensible como la educación, debe realizarse con un debate amplio y participativo que involucre a todos los actores del sector. Las modificaciones propuestas carecen de una justificación clara y podrían poner en riesgo los avances logrados bajo la Constitución de 1991, la cual ha sido fundamental para garantizar la democracia y los derechos educativos en el país”.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Subeditor Vida - Educación