¿Reversazo del Gobierno? Presidente Petro asegura que no exigirán pasaportes a los migrantes venezolanos

"Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos", dijo el mandatario en su cuenta de X.

El documento, que reemplazaría a la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, indicaba que las personas que deseen ingresar al territorio nacional deberán presentarse “ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje e identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria”.

La resolución 2231, que a su vez derogó la 872 de marzo de 2019, actualizó los términos para el ingreso, tránsito y salida el país de los ciudadanos venezolanos que tuvieran el pasaporte vencido y les permitió utilizar el pasaporte por diez años más a partir de la fecha de vencimiento del documento.

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Uno de los argumentos que esgrimía la Cancillería para tomar esta decisión, y que de hecho aparece en la resolución, es que al haberse restablecido las relaciones consulares entre Colombia y Venezuela y el que se haya oficializado la reapertura de las fronteras terrestres entre ambos países, “las circunstancias especiales que llevaron a la formulación de la Resolución 2231 del 9 de junio de 2021 se consideran superadas”.

Esto podría haber ocurrido 20 meses después del restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela -congeladas durante el Gobierno Duque-, una de las primeras medidas que tomó el presidente Gustavo Petro tras asumir el poder.

A pesar de esto, la crisis social, política y económica en Venezuela ha impulsado a millones de personas a migrar a las naciones vecinas o a utilizar a Colombia como país de tránsito. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de enero de este año, Colombia acoge 2,8 millones de venezolanos, la mayor cantidad de migrantes y refugiados del vecino país.

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Pues bien, la medida que hoy el Presidente hecha para atrás suponía una enorme dificultad para los venezolanos. “Un pasaporte cuesta en Venezuela el equivalente a 58 salarios mínimos. Es un error pedirles a los venezolanos migrantes que tengan su pasaporte vigente en estas circunstancias. Eso no pararía el flujo migratorio, sino que lo colocaría en situaciones de mayor vulnerabilidad”, dijo Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de Laboratorio de Paz de Venezuela.

Además, insistió en que “los venezolanos migrantes deben ser considerados como aptos para el refugio, así como sugiere un reciente informe de la CIDH”.

En términos humanitarios, para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, los efectos de esta decisión habrían sido inmediatos.

“Esta decisión sería un grave retroceso. Según encuestas en el Darién, más del 90 % de venezolanos que cruzan la selva no tienen un pasaporte vigente. Obtener un pasaporte es difícil y extremadamente costoso para la inmensa mayoría de los venezolanos. Muchos están huyendo”, opinó Goebertus minutos después de conocer la decisión en su cuenta de X.

María Gabriela Trompetero, investigadora sobre migración que dio a conocer la noticia, considera que este es un tema que para Colombia no representaba “casi ninguna presión interna” y que, probablemente, esa decisión "era una exigencia del gobierno de Maduro en este momento electoral donde solo goza de rechazo popular y, por lo tanto, necesita facturar”.

La investigadora, que hizo un análisis de las implicaciones de esta posible medida en sus redes sociales, agregó que esta decisión habría tenido implicaciones no solo para los venezolanos que viven en Colombia, sino para aquellos que residen en Ecuador debido a que en ese país ya no hay consulados por orden de Maduro.

“¿Cuántas personas venezolanas en Colombia que pudiesen ir a votar a Venezuela (ya que el régimen de Maduro solo le permitió a un ínfimo número cambiar o actualizar su registro electoral en el extranjero) ya no podrán ir a ejercer su derecho a Venezuela porque Col exige ahora pasaporte vigente?”, se preguntó Trompetero.

La periodista y antropóloga Catalina Lobo-Guerrero, quien fue corresponsal para varios medios en Caracas, considera que más allá del pronunciamiento del presidente Petro, esta "era una medida que significaba un retroceso en política migratoria en Colombia, que a diferencia de otros países de la región que han impuesto medidas restrictivas para los venezolanos, había mantenido una postura más humanitaria y de respeto a los derechos de los migrantes".

"Algunas encuestas recientes venezolanas, la Delphos, señalaban que el 25 por ciento de los venezolanos estaba dispuesto a emigrar y que cuatro de cada cinco aceleraría esa decisión si Maduro volvía a ganar. Y entonces esta medida o proyecto de decreto en Cancillería se leyó como Colombia estaba anticipándose a esa situación y quería cerrarle las puertas a esos nuevos posibles emigrantes", agregó Lobo-Guerrero, quien sostiene que esta medida hubiera impedido a los venezolanos que no pudieron registrarse en el exterior y quieren viajar a su país, votar en las próximas elecciones presidenciales.

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No hay que dejar de lado que más allá de los pronunciamientos que ha dado con respecto a la persecución del régimen a la oposición o relacionadas con el conflicto limítrofe en el Esequibo, el primer mandatario ha priorizado su relación con Nicolás Maduro y su apuesta por lo que él mismo denomina la “reconstrucción democrática de América Latina”.

De hecho, el mandatario argumentó en febrero de este año que lo que produjo la migración venezolana fue el “bloqueo económico” impuesto por Estados Unidos a Venezuela y el apoyo de “un gobierno colombiano”, haciendo referencia a la istración de Iván Duque.

Camilo Castillo y Juan Pablo Penagos Ramírez
​REDACCIÓN POLÍTICA