Reforma laboral, a punto de aprobación en el Congreso y bajo la amenaza del ‘decretazo’ para convocar consulta

Con la amenaza latente del ‘decretazo’ de la consulta popular –ayer el presidente Gustavo Petro hasta advirtió que ministro que no firme el decreto se irá del Ejecutivo- que generó un amplio rechazo de sectores políticos, gremios, órganos de control y hasta de los cinco expresidentes, empieza esta semana la discusión del cuarto y último debate de la reforma laboral en el Senado. 

Más allá de la polémica intención del Gobierno de anunciar la convocatoria a la consulta popular, desconociendo que el Senado ya negó ese mecanismo el 14 de mayo, con 49 votos contra 47 –un hecho calificado incluso como un intento de golpe de Estado y un atentado contra la separación de poderes que encendió las alarmas de la institucionalidad colombiana– hay un amplio consenso en la Cámara Alta para sacar adelante una iniciativa que nació de la mano del Ejecutivo y que se ha venido transformando según las consideraciones del Legislativo, tal y como lo señala la Constitución.

(Le puede interesar: Juez no ordenó reabrir votación de consulta ni dice que hubo fraude: la verdad de tutela que menciona el Presidente)

De hecho, en el Senado impera la convicción de que la única vía para frenar las intentonas del Ejecutivo por la consulta es aprobando la reforma laboral, que en esencia contiene los principales puntos planteados por el mismo Presidente en su polémico intento de llamar al pueblo a las urnas. “La que está debatiendo y aprobando el Senado es una verdadera reforma laboral. Me alivian los rayitos de sensatez, ministro (Benedetti). Luego me acuerdo del decretazo salvaje anunciado por el Gobierno e ‘ideado’ por el nuevo ministro de Justicia… y se me pasa”, aseveró la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, quien ha estado detrás de la concertación alrededor de esta iniciativa.

Está previsto que el texto por discutir sea el mismo que aprobó hace dos semanas la Comisión IV del Senado, célula legislativa a la que le fue encargada la discusión después de la resurrección de la iniciativa el mismo día que se negó la consulta.

Ese articulado está concertado en más del 80 por ciento, y solo serán unos cuantos artículos los que generen controversia. Uno de ellos está relacionado con el recargo nocturno desde las 7 p. m. En la ponencia, tal y como se aprobó en el tercer debate, se establece que este aplicará para todos los sectores. Pero el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, principalmente, buscarán en la plenaria que las pequeñas y microempresas sigan pagando el recargo nocturno según la legislación actual, que es desde las 9 p. m.

Más allá de este artículo, así como del 37, que habla del contrato por horas y que ha llevado al presidente Petro a decir que la que se debate es un “contrarreforma”, hay ambiente para que el proyecto sea aprobado a más tardar el miércoles 11 de junio en su cuarto y último debate.

Sobre las dudas del jefe de Estado, ya están redactando proposiciones para que el Gobierno quede tranquilo con la propuesta y no haya manera de que se oponga, pues existen serias dudas sobre lo que pueda pasar en la conciliación.

El Gobierno ha advertido que buscará que se apruebe el texto aprobado en segundo debate, una imposición que no será avalada por el Senado. Así, se prevé que la verdadera prueba de fuego será la conciliación con el texto de Cámara, donde el Ejecutivo tiene las mayorías, incluido el presidente de esa corporación, Jaime Raúl Salamanca.

Salamanca, aliado incondicional de la Casa de Nariño y escudero del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, tendrá encima los reflectores y el peso de decidir si se alinea con las fuerzas que ahora quieren hundir los cambios que el Congreso está a punto de aprobar en beneficio de los trabajadores o si le juega al consenso que la reforma logró después de su accidentada resurrección en el Senado.

La puja política será intensa. No se descarta incluso que el oficialismo, mediante proposición, busque que el Senado acoja el mismo texto de la Cámara, tal y como sucedió con la reforma pensional. Así lo sugirió el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que esa era la llave para evitar que el Gobierno emita el decreto de la consulta popular. Esa posibilidad no prosperaría teniendo en cuenta que una jugada similar se llevó a cabo precisamente hace un año con la reforma pensional, lo que hoy la tiene con serias posibilidades de caerse en la Corte Constitucional por vicios de trámite.

(También: ‘No se debe negar al Gobierno el derecho a la consulta, siempre que cumpla las condiciones para convocarla’: Samper)

“Repetir el posible vicio de la reforma pensional no es sensato”, aseveró Lozano, quien resaltó que el 80 por ciento del texto aprobado en el Senado y que se discutirá desde mañana es igual al de la Cámara. “Las diferencias de fondo, legítimas en democracia, se resuelven a voto limpio”, añadió Lozano.

Todos los sectores han cedido para sacar adelante ese texto, tanto congresistas que antes se oponían al proyecto como los gremios, que hacen un llamado al Gobierno y al Pacto Histórico –cuya postura no es clara– para que no saboteen el consenso logrado hasta ahora.

“Ojalá el Gobierno nos acompañe, ojalá el Pacto Histórico nos acompañe, ojalá la Cámara de Representantes nos acompañe... que no vaya a haber un saboteo a la reforma laboral, porque al final, si se da un saboteo, es realmente en contra de los trabajadores”, aseveró Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en diálogo con este diario.

Mientras todo esto pasa en los pasillos del Capitolio, las arenas jurídicas y políticas siguen minuto a minuto el desarrollo de la controvertida ‘jugadita’ con la que el presidente Petro pretende no solo saltarse el ‘No’ del Senado a la consulta sino tratar de impedir que cualquier corte haga control previo a la legalidad de una convocatoria directa del Ejecutivo a la consulta.

De la mano del nuevo ministro de Justicia, el polémico exfiscal y expresidente de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, se cocinó la controvertida hipótesis de que el Senado –por supuestos vicios de trámite que en ningún caso el Ejecutivo podría declarar por su propia cuenta– no se ha pronunciado sobre la consulta popular, por lo que desde el 1.º de junio el presidente Petro estaría habilitado para emitir el decreto. 

Solo los aliados del Gobierno han acompañado esta teoría, e incluso se comenta que no todo el gabinete está de acuerdo con esa jugada. “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”, advirtió ayer un jefe de Estado que en su última alocución sostuvo que “la Corte Constitucional decidirá, indudablemente puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”.

(Le sugerimos: Oficina de comisionado Otty Patiño responde a exparas que renunciaron a gestorías de paz: dice que se mantienen)

Esto a pesar de que el país vio a través de todos los medios y de la transmisión oficial cómo ese 14 de mayo se negó la consulta popular, en un hecho que en un primer momento el Gobierno calificó como fraude y ahora considera que no existió. La ley señala que, si efectivamente el Senado cometió un vicio de trámite, no corresponde al Ejecutivo ser juez, sino que es una decisión exclusiva del Poder Judicial.

En una dura carta, las ocho principales fuerzas políticas del Congreso advirtieron que esa posición desconoce la separación de poderes e hicieron un llamado al registrador, Hernán Penagos, para insistir en que el Senado ya tomó una decisión. “Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”, dice el documento firmado por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de ‘la U’ y la ASI.

En la misma línea fueron los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper (muy cercano a Petro), Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes desde orillas distintas alertaron sobre los riesgos para la democracia si el Gobierno insistía en desconocer la decisión del Senado.

“La consulta en la que se gastan un billón en politiquería, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, dijo el expresidente Gaviria, quien hizo un llamado para la unión del país. “Llevo más de un año diciéndolo. Este país necesita que nos unamos para construir sobre lo construido”.

El presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, quien advirtió que una vez se emita ese decreto lo demandará, señaló que “la democracia colombiana está al borde de una fractura”: “Nos gobierna un poder que confunde la diferencia con la traición y que interpreta cualquier decisión adversa como una conspiración”.

Incluso el procurador Gregorio Eljach, quien fue secretario del Senado durante 12 años, se desmarcó de esa jugada e insistió el viernes, en el congreso de Asobancaria, que la consulta “se negó formalmente y no cabe discusión jurídica”.

El decreto podría emitirse el miércoles durante nuevas movilizaciones en Cali, según Montealegre. Esto abriría una nueva batalla política y jurídica, que incluye llamados a las calles, tras la opaca jornada de huelga apoyada por el Gobierno la semana anterior. Aunque la carta del Gobierno apunta a tratar de sacar del partido jurídico del eventual ‘decretazo’ al Consejo de Estado (máxima instancia de la justicia istrativa en Colombia), en ese tribunal consideran que tienen plenas facultades para entrar en el tema.

Y tampoco es claro que la Corte Constitucional, dado lo forzado del camino que plantea el Presidente para sacar adelante su consulta, compre la tesis de que solo podría manifestarse sobre la legalidad de la convocatoria después de una votación. Los dos tribunales pueden aplicar medidas cautelares mientras definen de fondo las demandas que seguro llegarían contra la consulta y frenar en seco la consulta. Por eso, las cuentas del ministro Armando Benedetti sobre los colombianos llegando a las urnas “a finales de julio o comienzos de agosto” no se ven nada seguras.

MATEO GARCÍA AGUDELO

Subeditor de Política