Del dolor a la acción

La captura de Freddy Arley Castellanos, docente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acusado de abusar sexualmente de varios niños de entre dos y tres años en un jardín infantil de Bogotá, ha generado una profunda y comprensible conmoción en el país. Pero, más allá de la indignación y el dolor que este caso suscita, es imperativo que la respuesta institucional no se limite a medidas superficiales que buscan calmar la opinión pública, sino que se enfoque en una revisión estructural y profunda del sistema de cuidado infantil.

Según informes, Castellanos habría aprovechado su posición para cometer los abusos en el Hogar Infantil Canadá, sede F, ubicado en el barrio Villa Javier de la localidad de San Cristóbal. Las denuncias surgieron tras detectar cambios de comportamiento en los menores, respaldadas por dictámenes de Medicina Legal y evaluaciones psicológicas.

Ante la gravedad de los hechos, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, anunció medidas como la instalación de cámaras de vigilancia en tiempo real y la priorización de género en la contratación de personal. Sin embargo, estas acciones, válidas y bien intencionadas, pueden convertirse en paños de agua tibia si no se abordan las raíces de un problema cuya magnitud es aterradora: no se trata solo de este episodio, como lo reveló un informe de EL TIEMPO, pues cada 33 minutos un niño es atendido en Medicina Legal por presunto abuso. Y el subregistro es enorme. Como señala la columnista de este diario Yolanda Reyes, “las cámaras no nos pueden quitar posibilidades de mirar, escuchar y estar con los niños”.

Es crucial, entonces, reconocer que la protección de la infancia no se logra únicamente con tecnología o medidas que, como las restricciones de género en la contratación, algo aportan, pero están lejos de ser una solución definitiva. Que el debate aquí no pasa por lo público y lo privado, sino por lo eficaz y lo ineficiente, entre otros. Se requiere una transformación profunda que incluya la formación adecuada del personal, la implementación de protocolos efectivos de detección y respuesta ante señales de abuso, además de una supervisión constante y comprometida por parte de las autoridades.

Es fundamental, así mismo, que las instituciones asuman su responsabilidad y no eludan su papel en la prevención de estos delitos. La confianza de las familias en el sistema de cuidado infantil depende de la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso real con el bienestar de los niños.

El caso de Freddy Castellanos debe ser un punto de inflexión que impulse inaplazables reformas estructurales en el sistema de atención a la primera infancia. No podemos permitir que la indignación se diluya con el tiempo sin que se tomen acciones concretas que garanticen entornos seguros y protectores para los menores.

Urge exigir a las autoridades que prioricen el bienestar de la infancia e implementen políticas públicas efectivas, medibles y sostenibles. Solo así podremos construir un futuro en el que los niños crezcan libres de violencia y con pleno respeto a sus derechos. Es lo mínimo a lo que una sociedad para llamarse viable debe aspirar.