Infraestructura y concesiones viales

Han llegado al poder populistas de derecha (Trump o Bolsonaro) y de izquierda (Amlo, Boric y Petro) usando el efectivo expediente de repetir lo que el pueblo quiere escuchar (“América grande otra vez” o “Colombia más humana”). Rara vez ellos elaboran sobre detalles acerca de cómo lograrlo, simplemente repiten estribillos antiestablecimiento.

Pero una vez en el poder se estrellan con la realidad e impulsar leyes los obliga a intentar algo de coherencia entre objetivos e instrumentos. Los politólogos tienen la tarea de desnudar esas incoherencias en las campañas populistas, y los tecnócratas, la de develar la sensatez económica de las leyes propuestas; solo así evitaremos graves daños intertemporales.

Veamos el delicado caso de la infraestructura en Colombia. El candidato Petro anunció en el segundo semestre del 2021 su oposición al esquema de concesiones de transporte. Su maniquea visión lo llevó a concluir que tal esquema simplemente enriquecía a constructores a través de peajes (¿acaso no es la forma de recuperar la inversión?) y también tenía “el problema” de que les daba réditos financieros a bancos y fondos de pensiones (¿acaso no es la forma de rentabilizar el capital que pagará las pensiones?).

Esa visión petrista, ideológicamente perversa, no ha sido abandonada durante su mandato. El ya Presidente sentenció que ese tipo de carreteras tan solo transportaban bienes importados que favorecían a ricos (como si las vías no sirvieran a las exportaciones, denotando una lógica casi infantil).

Petro aprovechó para brincar conceptualmente al beneficio que sí traían las carreteras secundarias y terciarias, pues conectaban ruralmente con centros de acopio; siempre y cuando estas fueran construidas con el presupuesto nacional. Pero este se encuentra apretado, pues los subsidios del periodo 2023-2026, incluyendo los pensionales y de los combustibles, desbordarán el mayor recaudo (1,3 % del PIB) de la reforma 2022.

Resulta que en semanas recientes ocurrieron graves daños en troncales debido a copiosas lluvias. Al ver Petro el daño a la Panamericana Popayán-Pasto, tuvo que reconocer la importancia de contar con dobles calzadas y añoró contar con $ 12 billones para diseños y la construcción de esos 175 kilómetros, que tomarían tres años. El Gobierno en pleno debería también entrar a analizar la insensatez económico-jurídica de entrar a congelar tarifas de los peajes. Los transportadores claman por a buenas vías y a precio razonable, el cual fue definido años atrás al adjudicar competitivamente la concesión al mejor postor precio/calidad.

Tal congelación de peajes sería violatoria de leyes que permiten que los inversionistas recuperen su dinero de largo plazo, precisamente de esa manera, y donde el 90 % de ellos los ajustan por la inflación causada. Vale la pena que Minhacienda le explique a Mintransporte los riesgos financieros resultantes de tal actuación. No solo existen coberturas sobre el tráfico mínimo, sino sobre cánones futuros. Bogotá había sufrido un serio detrimento en las finanzas de TransMilenio, bajo el alcalde Petro, por similares actuaciones de congelamiento de tarifas, las cuales restan no solo a la caja operativa sino a los planes de inversión y expansión.

Y si, como coletilla de ello, el gobierno petrista insiste en expropiar los recursos pensionales para expandir los subsidios a la vejez, pues se tendrá una catástrofe financiera, ya que el grueso de dichos recursos se encuentran invertidos en TES y una porción no despreciable fueron a financiar las obras de infraestructura que tanto reclama ahora el Presidente. Vamos poniendo un poco de cordura a esta discusión de infraestructura y abandonando la lógica infantil de campaña, si es que queremos recuperar pronto la vía Panamericana y tantas otras que lo requieren.

SERGIO CLAVIJO

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