El dique institucional Colombia

Analistas del exterior que nos monitorean tienen la vaga idea de que a Colombia la vienen salvando sus sólidas instituciones respecto de las debacles que experimentan Venezuela, Argentina o, más recientemente, Perú. En el plano económico, ellos citan al Banco de la República (BR), a la Superfinanciera (celebrando ambos una centuria) o a la CAR Fiscal como prueba de tal solidez.

Y en lo jurídico esos analistas recuerdan a las altas cortes que enfrentaron al narcotráfico. Ellas también impidieron (en 2008) atornillarse al poder al mesiánico que buscaba un tercer periodo. Para ello invocaron cláusulas “pétreas constitucionales”, que podrían requerirse en futuro cercano.

Pero esos analistas externos hoy pasan por alto que este “dique institucional” está haciendo agua, permeando negativamente el ambiente de mercado amparado por la carta de 1991. Una primera forzando el Soat –motos a precios subsidiados–, cobijando también a estratos no tan bajos o asociados a pymes. Pudo más el espíritu populista petrista que los análisis económicos serios, demeritando así buenas prácticas prudenciales de la Superfinanciera.

Una segunda arremetida contra el dique institucional llegó a través del congelamiento de los peajes viales. Tampoco valieron advertencias sobre violación de contratos concesionales, ni el mayor costo presupuestal que ello implicaría, cercano al billón.

Una tercera amenaza anti-institucional ha provenido del rezago en el reajuste de los precios de combustibles, violando el espíritu de equilibrio financiero a mediano plazo. Esto con el válido propósito de aligerar las presiones de costos inflacionarios a nivel nacional ante choque un externo. Pero este rubro ya ha comprometido la totalidad de la reforma tributaria reciente (1,3 % del PIB).

Así, esa visión “cándida” externa de fortaleza institucional debe entonces cotejarse con la realidad de un dique poroso en el accionar del Ejecutivo, en momentos en que el maná proveniente de favorables términos de intercambio podría esfumarse rápidamente.

Por contraste, a nivel local los analistas venimos citando la relativa fortaleza que ha mostrado la tecnocracia responsable de los ministerios de Hacienda, Comercio internacional y Agricultura. El ministro Ocampo ha mostrado temple al intentar equilibrar las finanzas públicas (exitoso en 2022-2023, pero con altos riesgos hacia 2024). También cabe aplaudir su buena coordinación con el BR. Pero en estos frentes monetarios y cambiarios la tarea aún no culmina, luego Ocampo debe evitar señales prematuras de triunfo antiinflacionario.

La minagricultura también parece estarse dando cuenta de que los afanes redistributivos de tierras no solucionarán los elevados costos de una canasta alimentaria encareciéndose al 27 % anual. Urge entonces abaratarlos por la vía de la mayor oferta de fertilizantes, distritos de riego y adecuado a vías secundarias y terciarias. Y el mincomercio también apunta en la dirección correcta al focalizarse en habilitar mejores canales comerciales fronterizos con Venezuela y Ecuador, en vez de despotricar contra los TLC.

El problema actual es que, al tenerse estas serias filtraciones en el dique institucional y con incidencia presupuestal, eventuales fallas en los salvavidas prácticos de la tecnocracia dejarían el buque Colombia a la deriva. Peor aún, los enemigos de dicha estabilidad macroinstitucional están en el gabinete ministerial, liderados por los desatinos de minminas, minsalud y mintrabajo, donde abunda la ideología partidista y escasean los conocimientos técnicos.

Es bien sabido que desde el DNP y Mineducación también se está tratando de contener la ‘erupción del volcán’ de malas ideas populistas, relacionadas con congelamiento de tarifas de energía, estatización de los servicios de salud y apropiación de los ahorros pensionales privados. Esperemos que la tecnocracia logre taponar a tiempo nuestro dique institucional.

SERGIO CLAVIJO

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