Las graves fallas en la seguridad que facilitaron el crimen del director de la cárcel La Modelo, coronel Fernández

(De seguro le interesa leer: Asesinato del director de cárcel La Modelo: giro en la investigación no descarta al 'Tren de Aragua')
​
​El asesinato, a plena luz del día en un concurrido sector del noroccidente de Bogotá, dejó en evidencia la desprotección a la que están sometidos muchos de los funcionarios que manejan temas claves para la seguridad del país, empezando por los del sistema carcelario y penitenciario.

Hasta ahora, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha asegurado que tras el incidente de amenazas de hace dos semanas, el coronel Fernández interpuso una denuncia y que estaba pendiente de la realización de un estudio de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en cabeza de Augusto Rodríguez.
​
​(Lea también: Informe preliminar revela que a director de cárcel La Modelo le dispararon con pistola 9 milímetros)

Lo que se cuestiona no solo es que ante un hecho como el denunciado por Fernández –desde una moto dispararon cuatro veces contra la cárcel y dejaron dos panfletos amenazando a su familia– no se hubiera asignado de inmediato un esquema de protección, sino que inexplicablemente el cargo de director de La Modelo no tuviera por derecho un esquema de protección a cargo del Estado. 

Esto, dado que en ese centro carcelario, donde hay casi 4.000 personas, están varias de las principales redes de extorsionistas del país y que históricamente La Modelo ha sido una cárcel de alta conflictividad.

(Lo invitamos a leer: Las hipótesis de asesinato del director de la cárcel La Modelo apuntan a redes de extorsión)

Por lo pronto, entre las medidas anunciadas por el Gobierno tras el crimen está el reforzamiento de las medidas de seguridad para varios funcionarios del Inpec. El viernes, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, itió que se tendría que “aligerar y revisar, probablemente con carácter general”, las solicitudes de protección relacionadas con el sistema de cárceles.

El caso del director del Inpec se suma a otros, como el de los concejales de Tuluá, en los que los reclamos de protección no han sido atendidos a tiempo y la dilación ha terminado costando vidas. En ese municipio, los líderes políticos amenazados por la banda ‘la Inmaculada’ tuvieron que interponer una tutela, coadyuvada por la Defensoría del Pueblo, para lograr que la Unidad Nacional de Protección atendiera sus solicitudes.

Catalina Miranda Aguirre, coordinadora de seguridad ciudadana y crimen organizado de la Fundación Ideas para la Paz, considera que estos casos muestran las profundas desigualdades en la entrega de esquemas de protección a cargo del Estado y la necesidad de hacer más transparente y ajustado a la realidad del riesgo el sistema de protección.

Miranda señala que no se explica que mientras varios funcionarios y cargos políticos tienen “excesivos” esquemas de seguridad, otros que tienen implícito el alto riesgo, como el de director de la cárcel La Modelo, estaban sujetos al engorroso trámite de elevar una solicitud de evaluación de riesgo.