Las razones de la Contraloría para negarse a acompañar polémico proceso de contratación de la Agencia de Defensa

La Contraloría negó una solicitud elevada por César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), quien, tras el escándalo generado por un proceso de contratación con la firma que asumirá la defensa del país en el litigio internacional contra Continental Gold, pidió el acompañamiento preventivo de los entes de control.

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Una denuncia hecha por el exsenador Jorge Enrique Robledo destapó presuntas anomalías entre un billonario contrato (3.9 millones de dólares) que suscribiría la Agencia con Hughes Hubbard & Reed (HHR), un bufete norteamericano que para cumplir con uno de los requisitos de una "invitación a cotizar" que abrió la entidad, se alió con la novata firma colombiana Astrea S.A.S, que lleva poco más de tres meses de constituida. 

Los ruidos en torno a la inexperiencia de la cucuteña Astrea S.A.S así como las coincidencias con su lugar de origen con el del director de asuntos internacionales de la Andje, Yebrail Haddad, motivaron la renuncia de las cuatro abogadas del grupo jurídico de arbitraje de inversión. 

Por el polvorín desatado, Hughes Hubbard & Reed dimitió del vínculo con la firma colombiana. "Consideramos que una alianza con Astrea no atentaría contra la defensa del Estado colombiano. Sin embargo, a raíz de las preocupaciones identificadas por la ANDJE—que, tras conocerlas, compartimos plenamente—no contemplamos formar una alianza con Astrea", aseguró la compañía. 

Sin embargo, para curarse en salud, el director de la Andje, César Palomino, solicitó a los entes de control acompañar el proceso contractual cuyo objetivo es fortalecer la defensa de Colombia ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), donde el país se enfrentará a la minera canadiense Continental Gold.

La demanda se basa en supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, debido a las afectaciones sufridas por la compañía en sus operaciones extractivas a causa del conflicto armado.

"Si bien no se han identificado circunstancias que pongan en riesgo el proceso de selección ni afecten el patrimonio público o los derechos fundamentales de los ciudadanos, consideramos que este proceso es de gran relevancia, tanto por el presupuesto asignado como por su impacto jurídico en los intereses litigiosos del Estado colombiano", justificó Palomino el requerimiento a los entes.

Este diario conoció la respuesta de la Contraloría a la petición de la Agencia. Basada en la premisa que "no se han identificado circunstancias que pongan en riesgo el proceso de selección ni afecten el patrimonio público", decidió no poner su firma en el proceso. 

"Su requerimiento no se encuentra dentro de los presupuestos normativos para el ejercicio del control concomitante y preventivo", contestaron. 

También justificó que el nuevo modelo de control fiscal preventivo es "excepcional" y no los obliga a avalar las decisiones adoptadas por los es de recursos públicos. 

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"Aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) es sujeto de vigilancia y control por parte de la Contraloría, a través de la Delegada para el sector Justicia, esto no significa que la competencia de este ente de control abarque de manera directa la intervención en decisiones o actuaciones que son de exclusivo resorte de la ANDJE, como gestor fiscal", precisaron. 

Eso sí, dejaron en claro que la ruidosa contratación podría ser objeto de su vigilancia, en la que se corroborará que cuente con los principios de selección objetiva idoneidad, equilibrio económico, transparencia, responsabilidad economía, imparcialidad, publicidad, participación y libre concurrencia.

Es la primera vez que la Agencia implementa este modelo, que sigue ciñéndose al esquema de contratación directa, pero con una invitación a cotizar, en la que se recibieron 21 propuestas. De acuerdo con los criterios —entre ellos, el porcentaje de éxito en litigios y, la manzana de la discordia, una alianza con una firma colombiana— la mejor calificada fue Hughes Hubbard & Reed (HHR), que hasta ahora sigue siendo la firma con la que se suscribirá el jugoso contrato.

El acompañamiento preventivo del proceso generó un cruce de criterios entre los entes de control. Mientras la Contraloría se negó a participar, la Procuraduría, a través de su jefe, Gregorio Eljach, aseguró que ya designó una comisión de investigación.

“Hay dos frentes: uno preventivo y la petición directa del director de la Agencia (César Palomino), que también nos conmina a estar presentes. Aún es un asunto preventivo, de carácter contractual. Ya se designó una comisión para que acompañe el proceso”, dijo el procurador a medios.

Redacción Justicia