Por la suscripción irregular de unos contratos para suministrar la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá, entre los años 2008 y 2011, en medio del llamado 'carrusel de la contratación', la Corte Suprema acusó al exsenador Efraín Torrado García.
El excongresista deberá responder en juicio como presunto interviniente del delito de interés indebido en la celebración de contratos por la suscripción de 21 convenios que le entregaron al ‘Grupo Torrado’, conformado por varias firmas relacionadas con él.
La Corte también compulsó copias para que sea investigado por concierto para delinquir y peculado.
La acusación, dictada por la Sala de Especial de Instrucción de la Corte, dice que en el marco del 'carrusel de contratos' la Secretaría de Integración Social del Distrito celebró múltiples convenios con el grupo empresarial que era controlado por el exsenador a través de de su familia o terceros, para que suministrara la canasta alimentaria en programas de atención a familias y a personas en condición de vulnerabilidad.
Para que las empresas de su grupo familiar lograran la adjudicación de los contratos, Torrado habría desplegado acciones e influencias indebidas ante la Secretaria de Integración Social, a través de un contratista y un exsenador relacionados también con el 'carrusel’.
Además, a cambio de que le adjudicaran contratos, Torrado habría pactado el pago de comisiones por gruesas sumas de dinero, señaló la Corte.
La investigación del alto tribunal encontró un inusitado incremento en los contratos que obtuvo el ‘Grupo Torrado’. Así, durante el 2008 y 2009, el grupo consiguió que le entregaran de forma directa contratos por más de 110.000 millones de pesos, y las adjudicaciones de la Secretaría de Integración Social a este conglomerado empresarial crecieron en un 350 por ciento con relación a la istración anterior.
Por todo esto, la Sala de Instrucción señala que el acusado pudo usar su calidad de senador y su amistad con un congresista también involucrado en esas acciones para conseguir que se aumentara la entrega de convenios a las empresas de su grupo, afectando la imparcialidad y transparencia que deben regir en la contratación pública.
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