El secuestro del papá de Lucho Díaz y los huecos de la 'paz total' | Análisis

Con el país y buena parte del mundo esperando que el Eln cumpla su palabra de poner en libertad a don Luis Manuel Díaz, el papá de la estrella colombiana del Liverpool Lucho Díaz, hay reflexiones que debe estar haciéndose el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el manejo de su política de 'paz total'. No solo con los elenos, sino con todos los grupos y bandas criminales que supuestamente están buscando acercamientos.

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Por ahora, la prioridad debe ser la libertad del secuestrado, un hombre querido en su región no solo por la brillantez de la carrera de su hijo sino por su labor social en un departamento, La Guajira, en donde es muy probable que poco se les vuelva a ver a él y a su familia por simples y llanas razones de seguridad. Como en otros momentos de su historia, el Eln inexplicablemente patea la mesa en la que está hablando de paz, con crímenes que solo alimentan esa desconfianza –por desgracia, bien ganada– por todo lo que huela a negociación con esa organización y deja en evidencia las fragilidades y contradicciones de la estrategia de paz y de seguridad territorial del Gobierno.

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Han pasado ya cinco días desde que el Eln –puesta al descubierto su responsabilidad en el secuestro– anunció la liberación y esta aún no se produce. En otros secuestros sonados, cínicamente esa guerilla ha seguido cobrando rescate a pesar de las declaraciones de pronta entrega de sus víctimas, y ese será uno de los capítulos sobre los que el equipo de paz del Presidente y los negociadores del grupo ilegal deben hacer plena claridad. Y urge también que la Misión de Verificación se sienta, pues las aguas tibias en la denuncia y condena de este tipo de acciones contra la paz nunca han sido benéficas para los procesos.

El secuestro de los papás de Luis Díaz –pero también los otros 38 cometidos por el Eln en los últimos meses– demuestra a las claras que acordar ceses de fuego bilaterales sin compromisos reales y expresos de los ilegales de no afectar de ninguna manera a la población civil, no funciona. Si los policías y soldados no son atacados en virtud de esas treguas –algo que tampoco se ha cumplido, por cierto– pero la gente sigue al imperio de los criminales que o bien los secuestran o bien los siguen matando o les restringen su derecho al voto, como pasó a lo largo del pasado proceso electoral, los ceses de fuego no harán más que amarrar a la Fuerza Pública y permitir que 'elenos', disidencias y bandas sigan ampliando su poder criminal.

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Las violaciones más graves a la tregua deben tener consecuencias más allá de la simple palmada. Es una ecuación simple: mientras un comandante militar sabe que por cualquier operación que conduzca a una afectación, incluso en flagrancia, de los delincuentes blindados por las treguas lo puede llevar al final de su carrera o incluso a largos procesos judiciales, los guerrilleros cuentan con que sus pasados y los actuales delitos terminen subsumidos, cuando no olvidados, en el marasmo de la 'paz total', sin importar mucho la situación de las víctimas.

Y dos preguntas obvias más: ¿está seguro el Gobierno de la unidad plena del Eln y de la fortaleza, incluso de la existencia, de línea de mando de los que están negociando en la mesa? ¿Y por qué la ruta clara que llevaban los secuestradores de esa guerrilla conducía inexorablemente hacia territorio venezolano a pesar de que, se supone, el gobierno de Maduro está en luna de miel con el del presidente Gustavo Petro en Colombia?