Constructores esperan señales que den nuevo impulso a su actividad

El sector de la construcción sigue a la espera de que el Gobierno Nacional defina los ajustes clave al programa Mi Casa Ya, que viene anunciando desde comienzos del año, pues temen que mientras más tiempo transcurra será muy difícil cumplir con las metas que se ha propuesto en la entrega de subsidios a las familias y, por esta vía, generar las condiciones para que el sector de la construcción se reactive, aunque esto también depende en gran medida del nivel en que se mantengan las tasas de interés.

(Lea también: Actividades inmobiliarias, haciéndole el quite a la desaceleración).

El sector de la construcción pasa por uno de sus periodos más difíciles en el presente año. Al cierre del tercer trimestre, la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales tuvo un crecimiento negativo del 4,6 por ciento, es la primera caída desde la pandemia, pues en el cuarto trimestre del 2020 el dato fue -27,7 por ciento.

Ese mal momento del sector también se evidencia en las menores ventas de vivienda nuevas que caen 44,5 por ciento anual al cierre de octubre.

Y si bien el Gobierno ha avanzado en algunos aspectos importantes, como el aseguramiento de recursos (1,25 billones de pesos) que garantizan 50.000 subsidios para la compra de vivienda nueva este año, la ampliación del régimen de transición del programa Mi Casa Ya hasta el 31 de diciembre de 2023 para aquellas familias que ya tienen una vivienda elegida y se agilizaron los plazos para la asignación, aplicación y cobro del subsidio familiar de vivienda, entre otras medidas, como lo anunció Catalina Velasco Campuzano, ministra de Vivienda, el pasado 5 de septiembre, también están pendientes otros aspectos fundamentales, como dicen los mismos constructores.

Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Oikos, dijo que si bien el Gobierno está haciendo ajustes importantes en ese programa, lo invitó a que haya un proceso de transición para que, a quienes tuvieron o accedieron a esos subsidios e hicieron el cierre del negocio bajo esas condiciones, se les respeten esos parámetros en ese proceso.

Lo otro, señaló, tiene que ver con la desfinanciación del programa, un problema que viene de la anterior istración y no es fácil de resolver por su complejidad, “pero sí es importante que el Ministerio (de Vivienda) y el Gobierno Nacional agilicen el tema porque está afectando de manera importante el cierre financiero de los hogares para adquirir sus viviendas”, señaló el experto.

La propia ministra de Vivienda ha dicho que la norma que hace los ajustes al régimen de transición para proteger protección al comprador de vivienda nueva ya está en trámite.

“Esto permitirá fortalecer la economía local y la generación de vivienda en los municipios de menor categoría, mediante la suspensión de la entrada en vigor del mecanismo de amparo (póliza decenal), que impone cargas a los constructores y enajenadores de vivienda”, señaló a comienzos de septiembre.

Con esos mismos propósitos, la funcionaria también anunció, en el pasado Congreso de Camacol, la preasignación de subsidios de Mi Casa Ya, es decir, que se haría una reserva que les permitirá a las familias que hacen negocio inmobiliario y que compran en preventa, asegurar su subsidio.

En su momento, explicó que ese nuevo modelo comenzará a aplicarse el próximo año y tendrá vigencia de hasta 24 meses después de tener la preasignación. Esta es una alternativa para favorecer a las familias y al sector, a través del esquema de preventas, dando mayor certidumbre e impulsando la construcción de Viviendas de Interés Prioritario (VIP).

Algunas de estas decisiones aún no están en firme, pese a que en más de una ocasión se han anunciado los proyectos de decreto que darían luz verde a su implementación, pero que se frenan para incorporarles nuevos ajustes.

“Creo que el Gobierno tiene claridad absoluta de la necesidad de acelerar, porque Camacol le ha manifestado la importancia de mitigar el golpe que pueda tener el sector, un poco basado en la velocidad que estos subsidios se aclaren y se pueda definir qué va a pasar con el déficit que hay. Esperamos que esto se lo logre y podamos dar una mejor dinámica al sector”, insistió Díaz.

(Lea también: Ventas de vivienda en Bogotá y la región caen a niveles de 2019) 

Algo en lo que coincide Guillermo Alarcón, director de Vivienda y Leasing de Asobancaria, quien considera que es urgente acabar con la incertidumbre frente a la asignación de subsidios por parte del Ejecutivo.

“Diseñar un mecanismo de asignación temprana luce prioritario”, señala el experto, quien considera además, que “el éxito del mismo dependerá en parte de que se implemente tanto para la vivienda de interés prioritaria, como para la de interés social, pues de lo contrario podría incorporarse más incertidumbre en algún segmento”.

Debido a que la venta, construcción y entrega de viviendas de interés social se realiza de modo permanente, mantener el flujo de asignación de subsidios genera confianza y dinamismo.

Precisamente, en torno a la asignación de subsidios se generó una nueva dura polémica entre el Gobierno y los constructores, pues mientras el Ministerio dijo que a la fecha se han asignado 75.000 calificando “como un nivel nunca antes visto”, desde Camacol se informó que esa cifra estaba errada, pues las estadísticas oficiales indican que solo eran 50.012 al corte del 24 de noviembre.

Los constructores señalaron, además, que los subsidios asignados en 2023 no representan un nivel sin precedentes, como lo indicó el Gobierno, es más, precisaron que son inferiores a los de los últimos tres gobiernos, por lo que hicieron un llamado para que se proporcione información veraz y sin sesgos a la ciudadanía. A la fecha el Ministerio de Vivienda no se ha pronunciado al respecto.