Los delitos del call center extorsivo que operaba desde Guaduas en Cundinamarca

Desde la cárcel La Pola, en Guaduas, Cundinamarca, operaba un call center extorsivo que, desde hace varios meses, era objeto de seguimiento por parte de las tropas del Gaula Militar Cundinamarca de la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Gaula Cundinamarca de la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Tras una ardua investigación, se llevó a cabo una operación interinstitucional en la que fueron incautados 23 celulares, 15 SIM cards, 50 cargadores de batería y 37 rios para celulares, elementos que, según información de inteligencia, eran utilizados para realizar llamadas extorsivas a comerciantes del centro del país.

Bajo la modalidad de 'llamada carcelaria', personas privadas de la libertad se hacían pasar por integrantes de diferentes estructuras criminales para amenazar y presionar a comerciantes de Bogotá y municipios cercanos, exigiéndoles pagos extorsivos.

Durante la intervención, las autoridades también decomisaron 25 armas cortopunzantes, 200 papeletas de estupefacientes, una gramera, 150 electrodomésticos, 10 radios y 200.000 pesos en efectivo.

Con la desarticulación de este call center delictivo, se afecta directamente el financiamiento ilegal de estructuras criminales que operan en Bogotá y Cundinamarca, debilitando su capacidad para continuar con estas actividades ilícitas.

La extorsión sigue siendo uno de los delitos con mayor crecimiento en el país. Según datos del Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de 2024 se reportó un aumento de más de 2.000 casos en comparación con el mismo periodo de 2023, con las cárceles como principal foco de operación criminal.

En diálogos recientes con EL TIEMPO, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, se refirió a la segunda fase de la operación Dominó, una estrategia clave para combatir este delito y llevar a los responsables ante la justicia. Además, señaló que el hacinamiento en los centros de reclusión ha aumentado en los últimos dos años, en parte debido al cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional para trasladar presos desde estaciones de Policía a prisiones formales.

“El 2024 fue un año de grandes retos para un sistema penitenciario históricamente golpeado por la falta de recursos, los problemas de resocialización y la violencia contra los funcionarios. Sin embargo, hemos contado con un respaldo importante del Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y la Policía”, afirmó Gutiérrez.

En cuanto a la estrategia de seguridad dentro de los penales, destacó la labor conjunta con la Fiscalía, la Policía y los ministerios de Justicia y Defensa en el marco de la operación Dominó, que permitió la incautación de 31.240 teléfonos en el último año y la ejecución de 24.300 operativos a nivel nacional. Dentro de esta estrategia, cuatro establecimientos fueron priorizados, logrando la identificación de 35 actores criminales y la incautación de 9.600 celulares. Además, se llevaron a cabo 1.700 operativos y 120 traslados de internos.

Inicialmente, la operación se enfocó exclusivamente en combatir la extorsión, pero ahora se ha ampliado su alcance para atacar otros delitos generados desde las cárceles. “Estamos en una fase investigativa que busca determinar responsabilidades dentro del Inpec y sancionar amenazas, atentados y casos de corrupción que afectan la istración pública”, explicó el coronel.

Como parte de esta nueva etapa, se prevé la asignación de cuatro fiscales especializados en los centros penitenciarios con mayor incidencia de extorsión: Girón, La Dorada, Cómbita e Ibagué. Además, en Bogotá se designará un fiscal encargado de articular los resultados con la Policía para fortalecer las investigaciones.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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