Emergencia por cierre de los cementerios de Bogotá: estos son los caminos que tiene la Uaesp para retomar la operación

Este fin de semana los cementerios de Bogotá estuvieron cerrados por cuenta de la decisión del operador de dejar de manera inmediata la istración de los camposantos, una vez le fue notificada la quinta sanción por incumplimiento.

La decisión, adoptada por la Uaesp el pasado viernes, dejó al concesionario Jardines de Luz y Paz inhabilitado para seguir al frente de los cuatro cementerios públicos de la ciudad y para contratar con el Estado durante 5 años.

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No obstante, la salida inmediata del operador tomó por sorpresa a la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos. Ayer, los cementerios volvieron a abrir, pero solo para visitas de personas.

Cabe recordar que, según ha dicho el operador sancionado e inhabilitado, en los cementerios distritales se prestan servicios de inhumaciones y exhumaciones y para el pasado fin de semana se tenían programados 100, sin tener en cuenta los servicios adicionales que pueden llegar por parte de las funerarias.

Una situación similar sucedió el 6 de octubre de 2023. Ese día, el operador ordenó el cierre de los cementerios en protesta por la cuarta sanción que le imponía la Uaesp. Fue por cerca de 100 millones de pesos y para un total de 2.660 millones en multas. Esto obligó ese día a la Uaesp a disponer de manera urgente de un operativo para seguir prestando los servicios. 

Un jurista que conoció el caso en la anterior istración distrital y que pidió no ser citado, le dijo a EL TIEMPO que los cementerios no debieron quedar desatendidos.

Recordó que como se sabía que eso podía suceder, el año pasado la entidad tenía un plan B. De hecho, indicó que se habían explorado opciones con Aguas de Bogotá o tener invitaciones previstas u operadores de otras ciudades que pudieran entrar a istrar los cementerios distritales.

“La idea era que Uaesp pudiera sacar una urgencia manifiesta o una convocatoria o contratar de manera directa a las personas que actualmente hacen eso en los cementerios mediante contrato de prestación de servicios para suplir las falencias”, le dijo el experto a este diario.

Otro jurista experto en contratación y que también pidió no ser citado, dijo que la opción que tiene la istración distrital para restablecer los servicios de los cementerios es declarar la urgencia manifiesta, como lo establece el artículo 42 de la ley 80 o estatuto de contratación.

“Es una figura que permite contratar de manera directa cuando el interés público reclama un servicio que si no se presta se va a afectar ese interés público”, señaló el experto.

Otra alternativa, aunque menos probable, es que abrir una licitación pública. Sin embargo, ese proceso puede tomar entre 3 y 4 meses.

No obstante, aclaró que en el caso puntual del operador de los cementerios, con la quinta sanción la inhabilidad que se produce es ipso facto.

“Un contratista inhabilitado no puede ejecutar un contrato”, precisó, y dijo que si bien el contratista puede colaborar con la istración mientras se produce el empalme, no está obligado a continuar al frente de los camposantos.

Sobre este tema la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, se ha abstenido de hablar. Ella fue recusada por Jardines de Luz y Paz. En la misma situación están otros directivos de la entidad. Sin embargo, la Uaesp ha anunciado que trabaja en un plan de contingencia.

De hecho, este lunes, el asesor jurídico de la entidad, Juan Pablo Estrada, dijo que "no hay una crisis en la prestación del servicio" y que "hubo dificultades transitorias en el a los parques cementerios".

Estrada señaló que Jardines de Luz y Paz tiene hasta este jueves 26 de septiembre para ceder el contrato o renunciar a su ejecución. "Para eso se le ha dado plazo, que se vence el jueves 26 de septiembre. Hasta allí no tendría por qué haber una circunstancia que generara este ruido se está generando".

En rueda de prensa, el asesor jurídico de la entidad distrital dijo que hay tipos de medidas en las que la entidad distrital está trabajando. Una, mientras se determina la continuidad o no del contratista, y consiste en garantizar que los ciudadanos que puedan ser beneficiarios de algún subsidio en un servicio de exhumación o inhumación, puedan acudir a un parque cementerio privado.

Y la otra es declarar la emergencia por el término de dure el nuevo procedimiento de escogencia del contratista a través de la licitación pública. Esto aplicará, según Estrada, un vez se rompa el vínculo contractual con Jardines de Luz y Paz y la Uaesp. 

"La Uaesp está adoptando las decisiones para que, al amparo de una declaratoria de urgencia y de emergencia, se puedan celebrar contratos con parques cementerios privados para que puedan también atender el servicio", precisó el jurista.

Respecto de las medidas que se tomarán contra la decisión del concesionario de no abrir los cementerios después de que fue notificado de la sanción que lo inhabilita, Estrada solo indicó que "la Uaesp está contrarrestando con los medios legales" esas vía de hecho. 

En todo caso, según dijo, no hay una consecuencia económica, porque "lo que hay es una imposibilidad de que continué con la prestación del contrato".

Cabe recordar que el contrato de concesión de los cementerios distritales (Centro, Norte, Sur y Serafín) era por 5 años y que casi desde el principio estuvo rodeado de polémicas y denuncias. El valor se estimó en cerca de 41.000 millones de pesos.

Este contrato fue entregado en julio de 2021, pero un mes después empezó a enfrentar dificultades. No se conformó la fiducia en la cual debían ser consignados los recursos captados por prestación de servicios y el operador empezó a manejar esos dineros en sus propias cuentas.

Estrada estimó que así el operador manejó alrededor de 20.000 millones de pesos. De allí debía salir el reconocimiento de los gastos que generan la operación de los camposantos y las obligaciones pactadas por el contratitas con la Unidad istrativa.

Este fue tal vez el tema más crítico y que conllevó a una de las sanciones que le impusieron al contratistas Jardines de Luz y Paz.

La última sanción, que fue confirmada el pasado viernes en audiencia, fue por 1.600 millones de pesos. La causa: no tener una póliza de seguro que cubriera la totalidad del contrato. Otras sanciones fueron por incumplido de obligaciones, como el no pago de los servicios de vigilancia, a proveedores y servicios públicos.

Pero también hubo un enfrentamiento entre los socios por la representación legal de la firma.

El último problema que tuvo la accidentada concesión de cementerios distritales fue una confrontación con la Uaesp y la interventoría, el consorcio San Marcos.

En este caso también hay una acción popular en el Juzgado 53 istrativo del Circuito Judicial de Bogotá contra las resoluciones de la entidad distrital que ordenaron, con el argumento de una inhabilidad sobreviniente, la cesión a un tercero de la participación de uno de los socios de San Marcos que estaba inhabilitado.

Dicho socio había sido condenado por delitos contra la istración pública antes de que fuera adjudicado el contrato de interventoría, ante lo cual -de acuerdo con la acción popular interpuesta por la Red Nacional de Veedurías- no se le había podido  adjudicar a San Marcos.

En total, el contratista Jardines de Luz y Paz tuvo alrededor de 90 procesos adelantados por la interventoría por posibles incumplimientos y fue sancionado en cinco ocasiones, lo cual le genera de inmediato una inhabilidad para continuar con la operación de los cementerios distritales. Además, la imposibilidad para contratar con el Estado durante cerca de 5 años.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

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