Las preocupaciones sobre cómo se manejarán recursos tras la reforma de la salud

La reforma de la salud fue presentada el día de ayer,. Tras su radicación en el Congreso, expertos y reconocidos líderes de opinión del gremio han salido a realizar sus análisis sobre las implicaciones que puede tener el articulado y sus propuestas.

Entre ellos se encuentra María Andrea Godoy, exviceministra de Salud y Protección Social, quien habló con EL TIEMPO sobre el manejo de los recursos que propone el proyecto de reforma y sobre las dudas que le generan algunas de las disposiciones que hacen parte de la propuesta, la cual incluye 18 capítulos y más de 150 artículos. 

De acuerdo con la experta, el texto preocupa sobre todo en el tema de manejo de recursos, pues hay confusiones e incluso contradicciones en el articulado, según manifiesta. 

“Definitivamente sí preocupa, y sobre todo en este tema del manejo de los recursos. No es muy claro el texto, es confuso. Habla de fondos departamentales y distritales. Después habla de fondos regionales. Uno no sabe si esto es distinto o si son iguales. Partiendo además de que en las regiones tampoco es que defina la regionalización muy clara. Pareciera en algunos artículos que es optativa de los departamentos el unirse en regiones o en otros momentos parece que fuera obligatorio. Pero realmente uno lo que ve aquí es que no hay mucha claridad”, señaló la experta.

Para Godoy, también inquieta en lo que tiene que ver con la atención primaria y la creación de los Centros de Atención Primaria (CAP), pues no se establece bien de dónde saldrían los fondos para su desarrollo y cómo se asignaría ese presupuesto. 

 Otra de las cosas que se cuestiona es si la inversión en los CAP se traducirá en que esa sea la única apuesta de atención en baja complejidad del país, y por ende la única que reciba fondos para ese fin. 

“Uno no sabe si toda la baja complejidad estaría contemplada en esos presupuestos, porque en algún artículo hablan de baja complejidad como si fueran servicios adicionales a la atención primaria, y para esa baja complejidad no se habla ni de presupuesto ni de UPC. La UPC continuaría como está, por lo que veo, para lo que es mediana y alta complejidad. Pero a uno sí le queda el gran vacío de ver dónde está esa gestión integral del riesgo, que obviamente tiene un impacto en la parte financiera”, enfatiza Godoy. 

Por otro lado, el tema de la contratación en cabeza de los fondos regionales también despierta preocupaciones a nivel financiero. Eso, según la experta, porque para controlar solamente con un manual tarifario subiendo o bajando las tarifas, aún falta mucho más por desarrollar alrededor de dichos manuales para que puedan funcionar como una herramienta efectiva. 

“También los anticipos, pues eso se nos va a convertir en otro problema a la vuelta de la esquina en los temas de conciliaciones, legalizaciones de los anticipos de esas cuentas por pagar que se crearían en las IPSs y las cuentas por cobrar en los fondos regionales. Y obviamente con un tema ahí de manejo transparente que no sé hasta dónde se pueda lograr con esa vía que se está proponiendo”, resalta la exviceministra. 

De acuerdo con la experta el articulado no está correctamente desarrollado, y en muchos casos es confuso, se contradice o tiene términos que no se explican de manera adecuada. “El articulado no está muy bien armonizado. Hay artículos que se contradicen en el mismo texto y que no dejan entender muy bien cómo sería ese manejo por el ADRES”, destaca Godoy. 

Para ella es necesario revisar las capacidades de ADRES para poder crear la ‘desconcentración’ o ‘descentralización' de la cual se habla en el documento. “En algunos lados hablan de desconcentración, no se sabe bien si es desconcentración o descentralización”, enfatiza. 

“Además tiene una autonomía quien maneja el fondo regional para contratar, para pagar y para auditar como tal. Las capacidades con las que se cuenta hoy, difícilmente, considero yo que se puedan superar en el corto tiempo para poder hacer una efectiva desconcentración o descentralización, que de verdad funcione, que permita estandarizar procedimientos. Eso es complicado”, destacó. 

Por otro lado, un punto que señala como clave es que no queda claro a quién corresponden las responsabilidades y gobernabilidades dentro del sistema. 

“Esto también va a presentar serias dificultades si lo miro uno desde el punto de vista financiero. Si lo mira uno desde el punto de vista del creo que va a estar también muy complicado, porque hoy el tiene una cara ante quien quejarse. Aquí va a ser muy difícil saber con quien se queja: ¿Con el centro de atención, con el ente territorial? ¿A quién le pone la tutela cuando tiene dificultades? ¿Qué va a pasar con eso? Pues son preguntas que le empiezan a surgir a uno”, señala. 

Otra preocupación que queda, según Godoy, después de leer el articulado está relacionado con la transición, pues, manifiesta, no hay un plazo definido; este, además, estará sujeto a si el Gobierno puede obtener las facultades extraordinarias que pidió para, entre otras cosas, diseñar un régimen laboral especial para el personal médico. 

“Desde el punto de vista financiero también resulta difícil el tema de no hay una transición. Si las EPS se terminan, ¿Qué va a pasar con todas las deudas que se tienen con las EPS? ¿Cómo va a ser esto? ¿Entran a la liquidación inmediata? ¿Quién lleva esas liquidaciones? ¿Son intervenciones forzosas que va a hacer la Superintendencia ¿O bajo qué régimen? Teniendo en cuenta que tampoco tenemos un régimen de insolvencia para el sector salud y estos son temas que preocupan también en esa parte financiera”, finaliza la experta. 

UNIDAD DE SALUD