'Las amenazas las recibía por redes, seguimientos, mensajes y llamadas': abogado de la familia Uribe Turbay

Seguimientos, mensajes intimidatorios, llamadas y bombardeos de insultos en redes sociales. Así eran las amenazas que, según el abogado de la familia del congresista Miguel Uribe Turbay, venía recibiendo el precandidato presidencial antes del ataque sicarial que sufrió el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

En entrevista con EL TIEMPO, aseguró que, pese a esta persecución y a las más de 35 solicitudes de reforzamiento del esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) las negó sin mayor explicación, más allá de argumentos presupuestales. Por esta razón, radicó una denuncia contra el director de la entidad, Augusto Rodríguez.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador Uribe ha hecho más de 35 solicitudes de reforzamiento del esquema. Sin exagerar, te podría decir que hay más de 40, pero siendo moderados, 35. Solo en este 2025 hay entre 19 y 23 solicitudes de refuerzo. Y en todas, la respuesta siempre fue negativa: no, no, no y no. Uribe Turbay tenía, quizás, el esquema más débil comparado con otros líderes de la oposición que son más visibles. Solo tenía dos camionetas, tres escoltas de la UNP y cuatro policías, que además eran compartidos con su familia. En ese caso, le quedaban, como mucho, dos o cuatro hombres. Comparado con María Fernanda Cabal, incluso con Germán Vargas Lleras o Efraín Cepeda, era sumamente desproporcionado.

Esto es un tema muy grave. Fue entre octubre y noviembre del año pasado, después de que él anunciara su precandidatura presidencial y aumentara su exposición. Su aspiración ni siquiera se menciona en la resolución, tampoco el hecho de que es víctima del conflicto y ha sido amenazado reiteradamente.

¡Es un chiste! El analista no hizo un estudio adecuado sobre quién es Miguel Uribe, sus riesgos, su exposición... fue el congresista más votado en este periodo.

La propia Corte Constitucional ha dicho que la protección no se mide por el número de denuncias presentadas, sino que el estudio de riesgo debe medir el impacto político. Por ejemplo, si está contra los grupos armados, si es una figura de la oposición, como lo es Miguel. Hay una sentencia que me favoreció, donde la Corte dice que los estudios de riesgo de la oposición requieren un enfoque diferencial. El estudio de Miguel, además, no tiene ningún tipo de argumentación, simplemente dice: “adóptese tres de la UNP para la seguridad”, pero no lo justifica.

Fue el 5 de junio de este año, donde se pidió seguridad en Cartagena para asistir al congreso de Asobancaria. Le respondieron que no.

Prácticamente tomaban el modelo de correo que siempre tienen y lo copiaban y pegaban. Respuestas como: “no se autoriza el desplazamiento porque no tenemos presupuesto para gasolina, eso tiene que manejarlo el Congreso”, entre otras.

Desde la defensa le apuntamos a dos líneas lógicas de investigación. Primero, que se establezca quiénes son los responsables del atentado: los autores y los determinadores. Y la segunda línea es: ¿cuáles fueron las fallas del Estado como garante de su protección? Obviamente, el primer actor señalado es la UNP, que no hizo bien los estudios de riesgo.

Por redes, por seguimientos, por mensajes. Eran sistemáticas. Lo amenazaban, sobre todo, por redes sociales, por mensajes de texto, por llamadas, por seguimientos que el mismo esquema identificaba. Siempre venían después de que alguien lo estigmatizaba. Las amenazas eran consecuencia de los señalamientos políticos que recibía.

Mucha. Porque si no le diera relevancia, no habría pedido protección ni reforzamiento de sus medidas. Cuarenta solicitudes eran suficientes para que la Unidad de Protección dijera: “hay una persona que nos está pidiendo auxilio”.

Redacción Justicia