Los operativos estuvieron marcados por el uso de granadas aturdidoras, gas pimienta y vehículos tácticos. De acuerdo con Los Ángeles Times, en Ambiance Apparel, una empresa mayorista de ropa, se ejecutaron órdenes de allanamiento por sospechas de empleo ilegal.
Los agentes salieron del lugar escoltando al menos a 12 personas, mientras en el exterior cientos de manifestantes intentaban impedir el avance de los vehículos, dando inicio a un tenso cruce con las fuerzas federales.
Escalada de tensión entre protestas, represión y un líder sindical herido
El operativo de ICE provocó una respuesta inmediata por parte de organizaciones de derechos migrantes, sindicatos y ciudadanos. Las protestas se extendieron desde el lugar de los hechos hasta el Metropolitan Detention Center, donde manifestantes se enfrentaron con la policía local.
Los agentes de ICE realizan diversas detenciones Foto:ICE
En paralelo, David Huerta, presidente del SEIU California, fue arrestado y lesionado mientras registraba la redada. Su detención generó indignación entre funcionarios y legisladores, quienes pidieron su liberación inmediata.
Las fuerzas del orden declararon una reunión ilegal a las 7 p. m. y, ante el lanzamiento de objetos, autorizaron el uso de municiones “menos letales”. Para la medianoche, la zona había sido despejada, pero el mensaje de la comunidad quedó claro: la política migratoria actual genera miedo e incertidumbre.
Desde el Congreso, los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, junto con representantes californianos, solicitaron una investigación sobre la desproporción en los procedimientos de ICE. “No se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia generalizada que busca infundir miedo con operativos teatrales”, denunciaron en un comunicado difundido por el medio citado.
Por su parte, el fiscal federal Bill Essayli defendió las redadas alegando que su oficina identificó negocios que contratan empleados con documentos falsos. Según sus declaraciones, estas acciones forman parte de un plan de “refuerzo” de los controles laborales en la región.
Mientras la Casa Blanca, por medio del asesor Stephen Miller, respaldaba los procedimientos con la frase “la ley federal se va a cumplir, les guste o no”, autoridades locales como la alcaldesa Karen Bass advertían sobre el daño colateral: “Esto genera pánico en la comunidad. La gente ya no sabe dónde está segura”.
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