Las denuncias de presuntas omisiones en la seguridad del senador Miguel Uribe, víctima de un atentado sicarial, cobraron este lunes sus primeros efectos. La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación en contra de Augusto Rodríguez, director de la UNP, por presuntas omisiones a la seguridad del precandidato presidencial.
La entidad, dirigida por Gregorio Eljach, decidió tomar acciones disciplinarias por las supuestas omisiones que ha tenido Rodríguez, uno de los funcionarios más importantes en el gobierno del presidente Gustavo Petro, frente a la seguridad de integrantes del Centro Democrático, entre ellos Miguel Uribe.
Y es que "desde el 2023 el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la revisión, fortalecimiento y garantía de los esquemas de seguridad para todos los y líderes políticos de esa colectividad sin que, al parecer, se hayan atendido dichos requerimientos", explicó el ente de control en un comunicado conocido este lunes al mediodía.
Ataque sicarial a Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Foto:EL TIEMPO
Ahora, con el auto de apertura, la Procuraduría va a solicitar una serie de pruebas a la UNP en la que se deben constatar cuáles fueron las medidas que se tomaron a favor del precandidato presidencial, quien se encuentra internado en la Clínica Santa Fe debido a los impactos de bala que recibió el sábado pasado, durante un evento político con simpatizantes de sus ideas.
Precisamente, contra Rodríguez la familia de Uribe presentó una denuncia ante la Fiscalía, debido a las presuntas omisiones documentadas por la Procuraduría. Quien anunció la decisión de los familiares es el abogado Víctor Mosquera, presente esta mañana en la Clínica Santa Fe.
Gabriel Vallejo denunció presuntas omisiones en la seguridad de Uribe. Foto:Congreso de la República de Colombia
Según Mosquera, en 2023 la UNP declaró que Uribe era merecedor de un esquema de seguridad extremo, pero en 2024 "no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la Presidencia, y por lo tanto se le debían mejorar sus condiciones de seguridad. Esto es muy grave, porque tenemos que investigar si fue por omisión que sucedieron estos hechos. Desde el 5 de junio del presente año se sabía que al candidato había que reforzarle la seguridad. Lo más grave es que simplemente recibía respuestas de copy y paste de todo lo que le habían contestado antes".
Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com
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