La fiscal general, Luz Adriana Camargo, y la fiscal del caso del escándalo de corrupción de la UNGRD, María Cristina Patiño, salieron a responder el martes las denuncias de Olmedo López sobre un supuesto “abandono” del ente acusador a pesar de su intención de colaborar con la justicia.
“Este acuerdo no fue un acto unilateral, sino un compromiso conjunto entre el Estado y un testigo que cumplió con su parte”, afirmó López, y agregó: “Romper ese equilibrio atenta contra los principios de legalidad, confianza legítima y buena fe procesal”.
Según la Fiscalía, la decisión de negar el preacuerdo, según el cual Olmedo López pagaría seis años y ocho meses de cárcel a cambio de testificar contra los demás actores del entramado ilegal, fue de un juez y se está a la espera de la revisión en segunda instancia.
Fiscales Andrea Muñoz y María Cristina Patiño. Foto:Fiscalía
El juez consideró que el monto de la multa, de 724 millones de pesos, era “irrisorio” frente a la magnitud del desfalco.
La Fiscalía asegura también que Olmedo López no ha cumplido con el compromiso de completar la matriz de colaboración y señala que varias de sus afirmaciones en los medios de comunicación no las oficializa ante la justicia.
“Desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y a la fecha no ha firmado. Entonces no entiendo cómo se queja de la falta de apoyo de colaboración de la Fiscalía cuando él no ha cumplido su compromiso”, aseguró la fiscal Patiño. Y agregó: “López no es ninguna víctima en este caso: él es el victimario, un victimario confeso”.
La fiscal Camargo, que ayer convocó a una rueda de prensa para responder a la orden de captura en su contra emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, aseguró que espera zanjar el asunto con la decisión en segunda instancia. De lo contrario, se renegociarían las condiciones del preacuerdo.
Olmedo López en audiencia. Foto:Archivo Particular
Sobre la supuesta falta de protección a la familia de López, la Fiscalía dice que su esposa y sus hijos cuentan con esquemas de seguridad, incluso a pesar de las dificultades con los trámites de su colaboración. También recordó que además del preacuerdo, se está negociando con López un principio de oportunidad mediante el cual se libra de otros dos delitos, todo a cambio de colaboración efectiva.
Sobre la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, quien completa medio año privada de la libertad y que asegura que la Fiscalía se niega a entregarle beneficios a pesar de que ha ofrecido colaboración clave para llegar a responsabilidades más altas en el escándalo, la fiscal Camargo dijo que la información que ha mostrado no convence a los investigadores.
Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones del gobierno Petro. Foto:Archivo particular
Insistió en que ella no tiene participación directa en las decisiones del proceso. En ese sentido, dijo que documentos revelados en medios según los cuales habría frenado la asignación de seguridad para la familia de Ortiz son “un error” de la Dirección de Protección y Asistencia.
La Fiscal General asegura que pidió que se corrija el acto istrativo que negó la protección porque, dijo, de su despacho no depende ninguna de las decisiones de los procesos penales.
Carlos López y Sara Quevedo - Justicia - @JusticiaET
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